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La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento y prisión preventiva a uno de los acusados de dar de alta líneas telefónicas desde Misiones a nombre de jueces de la Corte , entre otros damnificados.
El Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento por supuesta «estafa» y la prisión preventiva de Santiago Machado, en la causa que investiga el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y revocó el sobreseimiento de otra imputada, Nelly Valdés.
Además, los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico encomendaron profundizar la investigación que se inició con una denuncia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, a quien le habían robado la identidad para sacar cinco celulares por un motivo que, hasta ahora, se desconoce. En fuentes judiciales, se sospecha que podría haber sido para involucrarlo en algún delito.
En un escrito al que accedió Clarín, el tribunal de alzada sostuvo que la participación de Machado «se inserta en un contexto de hechos que revisten gravedad institucional y que están caracterizados por el modo clandestino y oculto en que se manejaban sus autores. Las características propias de los eventos y el rol que en aquellos habría tenido, permiten sostener un riesgo concreto de entorpecimiento de la instrucción».
En especial, «cuando lo anterior se presenta en una pesquisa en plena etapa de producción de pruebas, que tienden a determinar los alcances reales de los acontecimientos y la identidad de los demás involucrados, en ciertos supuestos con hipotética vinculación directa con él», en alusión a un supuesto contacto de apellido Kancuk.
«Hay, en la actualidad, medidas en curso ligadas específicamente a lo anterior. Los puntos de contacto entre múltiples eventos producidos en similares épocas y la identidad de los afectados, revelan la procedencia de esta línea de investigación, cuando aún se desconocen los móviles (además de los evidentemente económicos) que podrían haber rodeado a la trama», advirtió la sala.
Al procesar a Machado, Martínez De Giorgi «puso el foco en la vulnerabilidad de los mecanismos vigentes y la ausencia de controles suficientes», recordó el Tribunal de Apelaciones.
Los jueces recordaron que según informó la empresa Telecom, en todos los casos los autores de la maniobra compraban chips en puntos de venta, luego introducían «los chips en dispositivos» mediante el marcado de los números *234# e ingreso de DNI y género
En cuanto al procesamiento y prisión preventiva de Machado, el Tribunal de Apelaciones consideró que «existen razones de peso» para avalar esa decisión de Martínez De Giorgi.
En la causa se investiga maniobras » mediante las cuales personas, simulando identidades ajenas, procedieron a dar de alta líneas telefónicas a nombre de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, de la jueza federal en lo Criminal Correccional de Posadas Verónica Skanata y del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad», recordó. «Todos desconocieron las líneas como propias», subrayó la Cámara.
Entre diciembre de 2022 y mayo de 2023 se dieron de alta cinco abonados a nombre de Rosatti, uno de Rosenkrantz, tres de la jueza Skanata y tres a nombre de Ahuad.
«La finalidad (conocida hasta ahora) de ello, fue adquirir crédito y saldo en abonados (a priori facturados a quienes se hicieron figurar como titulares), para luego utilizarlos y/o comercializarlos. Hay indicios de análogas operaciones en perjuicio del también Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, entre otros», agregaron los jueces.
El detenido Machado ofrecía los chips a la venta en «Facebook» y además tenía dos líneas a su nombre que » impactaron en los mismos IMEI donde funcionaron líneas ilegítimamente abiertas bajo la supuesta titularidad de los magistrados y funcionarios»
En cuanto a Nelly Valdés su sobreseimiento fue considerado «improcedente» ante la sospecha de «haber utilizado una de las líneas telefónicas de Telecom que fueron ilegítimamente abiertas utilizando la identidad del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti»
Otra parte de la investigación se centra en la «existencia de una organización criminal conformada por un grupo de personas que, de manera coordinada y sostenida en el tiempo, habrían llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación»
Entre ellos están los jueces de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de Tribunales Orales Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
En esta parte del expediente están detenidos el hacker misioneros Ezequiel Nuñes Pinheiro y el sargento retirado de la Policía Federal Ariel Zanchetta. Nuñes confesó haber hackeado el celular del ex ministro de Seguridad porteña Marcelo D’Alessandro, del juez Borinsky y otros para una organización que se está investigando.
En cambio, Zanchetta pidió más de 2 mil informes de antecedentes personales y se investiga si tiene vínculos con el grupo de hackers Dark PFA que participó de las maniobras de hackeo a políticos, jueces y fiscales.
En estos casos se obtenían «datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso (en un supuesto) haciendo requerimientos de dinero a su nombre».