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El juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves que se libre un exhorto a la Justicia de Estados Unidos para pedir que le envíen una copia del fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que condenó al Estado argentino por la polémica nacionalización de YPF del 2012, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
En respuesta a una ampliación de la denuncia que presentó la líder de la CC-ARI Elisa Carrió, el magistrado también hará saber a Preska “la multiplicidad de denuncias contra ex funcionarios y privados”, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Cristina y Kicillof en el 2012 impulsaron ante el Congreso la polémica forma de nacionalización de YPF-Repsol pagando las acciones de los españoles pero no las del grupo Eskenazi.
La decisión de Cristina y Kicillof no pagar las acciones de ese grupo empresarias motivó que quebraran dos empresas en España y luego el fondo buitre Burford comprar esas acciones e iniciara el reclamo por el cual Preska decidirá a fines de mes la cifra que debe pagar el estado argentino como indemnización entre 5 mil y 16 mil millones de dólares.
Lijo también hablará con altas funcionarios de la Cancillería para que su exhorto “llegue lo más rápido posible” a la justicia de los Estados Unidos y obtener la documentación que necesita en su causa.
Tal como adelantó Clarín, Carrió, amplió el su denuncia contra la ex presidenta y el ex ministro de Economía Axel Kicillof por el “daño mayúsculo” que causó al estado la nacionalización de YPF en el 2012, a la luz del juicio que se perdió en EE.UU. y pidió sumar a la causa el fallo de la jueza Preska.
En un escrito, Carrió advirtió que los resultados de la causa que tramita en Nueva York la jueza Loretta Preska “puede causar un daño mayúsculo a la Argentina, ya que puede ser sancionado el Estado Nacional a pagar una suma que puede llegar a los 16.000 millones de dólares” y en nuestro país ningún funcionario se hace responsable de ese perjuicio.
En esta oportunidad, Carrió adujo que el caso tiene “gravedad institucional” y advirtió que en agosto la jueza Preska puede fijar el monto de la indemnización, entre 5 mil y 16 mil millones de dólares, y en la justicia argentina “los responsables de esa maniobra terminen impunes”.
Carrió reclamó al juez federal Ariel Lijo, quien tiene una causa abierta en el 2006, que investigue ”esta trama delictual en la que oportunamente he denunciado a Cristina Fernández de Kichner (actual Vicepresidenta de la Nación), Julio De Vido, Carlos Zanini (actual Procurador del Tesoro de la Nación), Axel Kicillof (actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Baratta y Enrique Eskenazi (Grupo empresario Petersen)”, entre otros.
Más allá del fallo de fines de este mes de la jueza Preska, “los funcionarios mencionados podrían estar incursos en los delitos de: violación de deberes de funcionario público (arts. 248 y 249 C.P.), administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública (art. 174, inc. 5 C.P.), de negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 C.P.) y vaciamiento mediante la descapitalización de la empresa YPF SA”.
En esta causa, además, “existe gravedad institucional, ya que la misma excede el interés individual de las partes y atañe a la comunidad (Fallos 247:601; 268:126; 131:1075; 315:325 de la Corte); cuando vulnera un principio institucional básico y la conciencia de la comunidad (Fallos 300:1102); cuando puede resultar frustratorio de derechos de naturaleza federal (Fallos 190:50; 259:43) y cuando la resolución del caso tiene gran trascendencia por sus proyecciones futuras (Fallos 285:279 y 290)”.
Para delimitar responsabilidades, solicitó a Lijo que pida a la jueza Preska de la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, el fallo del 29 de julio de 2023, “contra la República Argentina, causa: Petersen Energía Inversora, S.A.U. v. República Argentina, No. 1:2015cv02739 – Documento 437 (S.D.N.Y. 2023)”.
En el escrito, redactado por el bloque de diputados de la CC-ARI que integra Paula Oliveto y al que accedió Clarín, se solicita a Lijo que “se profundicen las líneas investigativas teniendo en cuenta el fallo la Jueza Loretta A. Preska”.
Carrió fue uno de los pocos diputados que se opuso a la forma en que Cristina y Kicillof nacionalizaron YPF-Repsol en el 2021 y mandó a redactar esta ampliación de denuncia mientras se recupera de “un cuadro compatible con déficit isquémico transitorio (cerebral)” que sufrió hace dos semanas en Santa Fe, en medio de la campaña electoral.
En estos términos, Carrió solicitó que “se amplíe la investigación a efectos de determinar la responsabilidad penal y las conductas delictivas en las que pudieran estar incursos los funcionarios públicos a cargo de la nacionalización de YPF SA y de las presentaciones en defensa de los intereses de la República Argentina (judiciales y extrajudiciales) ante el Juzgado de Nueva York”.
Carrió advirtió que “es pertinente tener en cuenta que el retardo de justicia es injusticia. Esta causa lleva más de una década en los Tribunales Federales Argentinos y su lentitud en la tramitación y la carencia de resultados puede llevar a la Argentina a tener que pagar miles de millones de dólares, que van a salir de los escasos recursos del país; acrecentando la crisis económica, la pobreza y la desigualdad”.
La Jueza Preska, después de 4 años resolvió la cuestión y le dio la razón a los fondos Burford Capital y Eton Park.
El fallo “liberó de responsabilidades legales y financieras tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones, que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecían al Grupo Petersen, a través de Petersen Energía SAU y Petersen Investment SAU” que quebraron en España cuando Cristina Kirchner le pagó 8 mil millones de dólares en concepto de indemnización a los españoles de Repsol y nada al Grupo Eskenazi..
“La Magistrada de Nueva York determinó que el único responsable fue el Estado Argentino y, en consecuencia, será el que deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo”, recalcó Carrió.
“La fundamentación de la Jueza Preska se basa en que la empresa YPF SA cotiza en la Bolsa de Nueva York, en un todo de acuerdo con las leyes norteamericanas y las normas de Wall Street y aceptó la regulación de los Estados Unidos de América voluntariamente al momento de abrir sus acciones a ese mercado para su cotización pública y no las disposiciones de la Argentina, que emergen de la Ley N° 26.741”, recordó