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El operativo se concretó en un domicilio de la esquina de las calles Catamarca y Venezuela, donde funcionaba un criadero ilegal de perros «Shiba Inu», la más pequeña de las seis razas, originarias de Japón.
Los canes se encontraban «hacinados y enjaulados» en mínimos recintos situados en la vivienda, por lo que se efectuó su rescate y traslado a un refugio transitorio, para evaluar su estado de salud, informaron fuentes del operativo.
Tras denuncias recibidas por vecinos del barrio de Balvanera, sobre «la existencia de intensos ladridos de lamento de verdaderas jaurías de perros» y el dato de que «en el domicilio podría funcionar un criadero de perros», se dio lugar a la investigación.
De esta manera, el personal policial, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFIMA) a cargo de Carlos Rolero Santurian, efectuaron las tareas de campo a través de distintas páginas web, logrando constatar los términos de las denuncias y «la posible venta de cachorros de esa raza».
Al ordenarse el allanamiento, a pesar de la resistencia de la propietaria de la vivienda, se encontraron un total de veintitrés perros de raza «Shiba Inu», tanto adultos como cachorros.
Los animales «se encontraban encerrados y hacinados en jaulas pequeñas, con claros signos de sufrimientos y maltratos, pese a la prohibición que rige al respecto en toda la Ciudad de Buenos Aires», detalló un comunicado sobre el operativo.
Estos perros, originalmente criados para la caza, se volvieron muy preciados para la venta en los últimos años, a través del lanzamiento por parte del multimillonario Elon Musk, de la criptomoneda «DOGE», la cual justamente tiene como logo un Shiba Inu, estimándose que el valor de venta de cada uno de los canes en nuestro país asciende a unos 1.000 dólares.
La Fiscalía Ambiental imputó a la dueña del lugar por el delito de Infracción a la Ley 14.346, de Maltrato Animal, al determinarse que adquiría las hembras y machos a través de la Fundación Cinológica Argentina, para luego hacerlos reproducir en el domicilio indefinidamente, manteniéndolos en jaulas hasta lograr su comercialización.
Además del secuestro de una serie de objetos hallados en el lugar, se ordenó la «clausura preventiva judicial» de la vivienda.