Una nueva causa de presunta corrupción salpica a Jorge Capitanich, el ex gobernador de Chaco. La misma surge a partir de una denuncia que presentó la interventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía y Popular (Iafep), Clelia Ávila, y apunta contra el ex funcionario y otros dirigentes políticos por irregularidades en el manejo de los fondos distribuidos a dirigentes piqueteros desde dicho organismo, durante su gestión.
Ávila recibió de parte de empleados del Iafep una tablet que era utilizada en la administración provincial de Capitanich. Según la funcionaria, encontró datos «muy sensibles» que le permiten develar «una ruta de corrupción», ya que en la misma aparece información que demuestran una vinculación muy estrecha entre ex funcionarios provinciales y dirigentes sociales o de cooperativas, con transferencias por $ 19,5 millones.
Sin embargo, se trata de una caja global estimada en $ 15.000 millones durante 2023, que manejaron las organizaciones sociales en conexión directa con el gobierno de Capitanich. «El Iafep manejaba varios programas, como el habitacional, por un lado, y el Resitodos, por el otro: montos millonarios que nos llamó la atención que dependían de ciertas organizaciones sociales, que recibían más dinero que otras. Muchas, incluso, recibieron el 100% de los fondos y esos fondos no estaban ejecutados al 100%». La sospecha es que no había ningún tipo de control sobre esos fondos.
Entre las pruebas llevadas a la Justicia sobresalen más de 50 pagos, la mayoría entre $ 100.000 y $ 500.000, pero algunos por encima del $ 1,5 millón, entregados a piqueteros a cambio de conseguir el apoyo de beneficiarios de planes sociales en la campaña electoral por la gobernación que tuvo a Capitanich como protagonista el año pasado, comicio que terminó perdiendo con el actual mandatario de Juntos por el Cambio, el radical Leandro Zdero.
Clelia Ávila, interventora del Iafep, durante la conferencia de prensa que brindó detallando las irregularidades.«Hubo un manejo discrecional y arbitrario de los recursos económicos y las fundaciones sociales eran la herramienta que facilitaba el delito”, dijo Ávila en la conferencia de prensa que brindó la semana pasada, en la que apuntó específicamente contra el ex presidente del IAFEP, Mauro Andión, como “el principal responsable del desmanejo” y de quien dijo que «tendrá que dar las explicaciones pertinentes».
«Las denuncias básicamente son porque las personas estaban inscriptas como posibles beneficiarios de una serie de viviendas hechas por el Estado, pero después, sin saber los motivos, se los terminó excluyendo para beneficiar a otros», dice Ávila a Clarín. Así, asegura la interventora, «las viviendas que eran para ellos, finalmente, terminaron en manos de los familiares de los dirigentes de las organizaciones sociales».
La funcionaria pública considera que se trata de un hecho sin precedentes en Chacho. “No hubo en la historia de la provincia un hecho de mayor corrupción que este del Iafep», sostiene. Y dice, con congoja, que «es una pena que en una de las provincias más pobres del país se llevaron el dinero de personas para enriquecerse unos pocos».
Además, Ávila reveló una serie de situaciones que se dieron que revelan el entramado de corrupción. “Uno de los casos que denunciamos, donde se tendría que haber hecho un galpón con fondos públicos, los inspectores de obra encontraron un salón de usos múltiples con quincho y pileta”, graficó.
Ávila explica que desde que se hizo cargo de la intervención no dispuso nunca de «una base de datos ordenada, ya sea por localidades u organizaciones sociales, que dieran cuenta del procedimiento que se utilizó para la adjudicación de 5.100 viviendas”, remarcó la interventora. También agregó que el organismo “debería haber asistido a consorcios productivos y de servicios rurales y no destinó ni el 1% a productores chaqueños. El 93% fue a manos de fundaciones que no fueron constituidas a través de instrumentos públicos, sino a través de instrumentos privados”, manifestó.
Según planteó la interventora «había ciertos dirigentes sociales que tenían favoritismo, ya que obtenían de forma rápida los desembolsos sin ningún tipo de requisito, control o reglamentación. A esas organizaciones, el pago se le realizaba rápidamente». Es por eso que afirma que «hubo un manejo discrecional y arbitrario de los recursos económicos, hay organizaciones que aún están esperando los pagos. Sin embargo, había otras predilectas».