Los gobernadores de la Patagonia, desde Tierra del Fuego hasta La Pampa llevaron a cabo un nuevo cónclave en el que volvieron a marcar la cancha al Gobierno de Javier Milei. El encuentro en el que también participaron las y los intendentes de cada una de las provincias, firmaron la Declaración de Puerto Madryn -ciudad en la que realizaron el Parlamento Patagónico- en la que decidieron reactivar el Tratado de Santa Rosa, La Pampa, firmado en 1996, tras la reforma constitucional de 1994 que habilita la creación de regiones y superestructuras compartidas para el desarrollo económico y social. «Estamos de acuerdo con hacer acuerdos mientras no vengan impuestos», dijeron.
En el marco de su pulseada con el Gobierno nacional por la transferencia de fondos, tantos coparticipables como establecidos por otras leyes, los jefes provinciales le advirtieron a la Casa Rosada que «quiere desertar a esas responsabilidades, debe establecer un esquema nuevo de coparticipación acorde». Además, advirtieron: «El ajuste fiscal por si solo no garantiza ningún desarrollo». En esa línea, informaron que ellos mismos escribirán una «agenda de desarrollo» con propuestas y proyectos de ley para debatir en el Congreso Nacional, entre gobernadores, intendentes, legisladores, empresarios y sindicatos de la Patagonia.
La lectura de la Declaración estuvo en manos del gobernador de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella. Allí, destacó que no se trata de una posición «a favor ni en contra de nadie» sino que la mirada de los seis gobernadores -Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa- es «la del bien común». Según explicaron en la Declaración, la reactivación de Tratado de Santa Rosa, además, suma la creación del Foro Permanente de las Provincias Patagónicas con la finalidad de concertar las posiciones de los representantes de esa región ante ambas cámaras del Congreso Nacional.
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«La Patagonia aporta a la economía nacional el 98% del gas, 87% petróleo, 71% de la energía eólica y el 27% de la energía hidroelétrica. Concentra en su mar adyacente el grueso de las capturas pesqueras y en los puertos la mayor parte de los desembarcos en este recurso», señalaron y destacaron que esa región contiene los principales recursos turísticos del país y cuenta con exportaciones diversificadas en materia agrícola, ganadera y forestal.
Ese apartado fue el argumento central con el que luego le marcaron al Gobierno su posición en contra del ajuste fiscal: «El ajuste fiscal por sí solo no garantiza ningún desarrollo, la producción, la inversión y el empleo deben estar en la agenda de los gobiernos, si la determinación política del Gobierno nacional es desertar en sus obligaciones en esa materia cuanto menos debe reponer un esquema de coparticipación federal de impuestos acorde a esas responsabilidades y a tono con el mandato constitucional que establece que toda competencia de competencias servicios o funciones debe venir acompañado de los correspondientes recursos».
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En ese aspecto, la decisión que tomaron fue «asumir en plenitud» las potestades reconocidas en la Constitución de llevar adelante un plan de desarrollo productivo gestado por los estados principales firmantes de la declaración, en donde serán ellos quieren determinen el aprovechamiento y la explotación de los propios recursos naturales. «Estamos dispuestos a acuerdos en la medida que no vengan impuestos ni estén precedidos de condicionamientos», leyó Melella e insistió en la «importancia» de «alcanzar acuerdos» entre lo Estados preexistentes. «Vamos a defender las provincias patagónicas ante cualquier intento de atropellar sus autonomías o menoscabar sus recursos», cerró.
Le siguió en la lista de oradores el último dirigente que se enfrentó fuertemente con Milei en los últimos días: el chubutense, Ignacio «Nacho» Torres. «Venimos a mostrar que existe una Argentina productiva más allá de la General Paz, que le puede dar muchísimo al país», sostuvo y señaló que su propuesta es «una discusión para refundar los valores de un país federal». En su voz se escucharon algunas propuestas concretas, todas, «en función de lo que establece la Constitución, en términos de responsabilidades y obligaciones».
Entre las inciativas, propuso: una ley de trazabilidad en la pesca, vías de navegación de cabotaje y pidió «desregular el mercado de hidrocarburos, fomentando también la explotación en las cuencas maduras»
«En los pueblos más pequeños, muchas veces no es rentable llevar agua, gas o electricidad. Son pueblos que muchas veces se crearon por razones geopolíticas y esos pueblos tienen derecho a tener agua, gas o electricidad como el resto del país», manifestó.