En tiempo record, se logró recuperar el costo invertido para el operativo de rescate y cobrar una multa por haber ingresado a pescar en el área de Malvinas, sin la correspondiente autorización de la República Argentina.
El impresionante operativo de rescate había comenzado cuando el Centro Gestión de Tráfico Marítimo Comodoro Rivadavia de la Prefectura Naval Argentina que controla, protege y monitorea toda la flota en aguas jurisdiccionales argentinas, recibió el alerta de que un tripulante del buque pesquero surcoreano Sae in Champion, que navegaba fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina, a 261 millas náuticas de la ciudad de Puerto Madryn, presentaba fuertes dolores abdominales que podían ser compatibles con un cuadro de apendicitis.
Tras entablar comunicaciones con la agencia marítima del barco y el consulado de Corea del Sur en Argentina, se dispuso la aeroevacuación del paciente para que recibiera asistencia médica de inmediato.
El personal de Prefectura, especialmente entrenado para este tipo de emergencias, despegó desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia a bordo de un helicóptero y se dirigió a la zona con el apoyo de un avión de la institución, quienes, en un exitoso operativo, lograron socorrerlo y, ya en tierra, trasladarlo a un sanatorio de Trelew, donde fue intervenido quirúrgicamente, evolucionando favorablemente.
Luego de finalizadas las tareas de rescate, el personal de la Fuerza, cumpliendo órdenes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el prefecto general Guillermo Giménez Pérez, comenzaron las gestiones con el objetivo de recuperar para el Estado Nacional el costo de dicho operativo, así como la aplicación de una multa por infracción al decreto 256/10, por haber operado en las Islas Malvinas sin autorización de la Prefectura Naval Argentina, Autoridad Marítima competente en la materia.
Finalmente este viernes, a cuatro días del operativo, se cobró a la agencia marítima del pesquero los aranceles por la aeroevacuación y el monto correspondiente a la multa, estableciendo un importante precedente en la materia ya que el Estado Argentino recupera el dinero que el país destinó a salvaguardar la vida de un tripulante de un buque extranjero y, a su vez, se protege el patrimonio nacional.
Cabe destacar que el decreto 256/10 establece que todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvina, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente.