Un video que se hizo viral en las últimas horas muestran cómo es el entrenamiento que reciben los efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) para enfrentarse a los piqueteros. La preparación se da en el contexto del protocolo antipiquetes determinado por el Gobierno a través de la cartera de Seguridad que dirige Patricia Bullrich y que generó fuerte rechazo desde las organizaciones sociales.
En la filmación se observa un grupo de prefectos cobijados bajo el resguardo de los escudos y parados de frente a colegas que hacen las veces de personas apedreando a los uniformados. En un determinado momento, un hombre avanza con la supuesta intención de atacar a los efectivos entonces desde atrás se abalanzan sobre él efectivos con perros adiestrados. El supuesto atacante tiene uno de los brazos cubiertos en caso de que los canes lo muerdan y evitar heridas.
Cuando los “piqueteros” vuelven a arremeter contra las fuerzas de seguridad, es el turno de los efectivos motorizados de repeler a la muchedumbre agresiva. El entrenamiento parece ocurrir en el patio interno de un edificio de la PNA.
El protocolo antipiquetes que puso en práctica la ministra Bullrich establece que las fuerzas federales puedan actuar cuando la circulación vehicular y de transporte esté interrumpida, sin necesidad de tener una orden judicial. Esto es así por considerarse que el delito (corte de calle) sucede en flagrancia, es decir que se advierte cuando se está cometiendo.
Mientras para quienes avalan el protocolo tiende a un ordenamiento del espacio público, para sus detractores es una limitación del derecho a la protesta. De hecho, la funcionaria nacional tuvo que presentarse en los tribunales de Comodoro Py para defender su medida ante un planteo judicial presentado por una dirigente de izquierda que lo considera inconstitucional.
El gobierno nacional toma como fundamento el artículo 194 del Código Penal, pero constitucionalistas advierten que este artículo debe considerarse teniendo en cuenta normas de jerarquía constitucional y recuerdan que el sistema interamericano de Derechos Humanos reconoce y protege el derecho a la protesta y fija límites a las regulaciones estatales de las manifestaciones. La máxima del gobierno de Milei “el que corta no cobra” no tiene sustento en ninguna ley que prevea expresamente tal sanción y tendrá inevitablemente un destino judicial.
LA NACION