El primer testigo refirió que comenzó a trabajar tres días después de que comenzó la inundación de 2017 en la Avenida Chile, cerca de las 1008 Viviendas, en una cuadrilla con otras 10 personas. Dijo que sacaban barro para despejar, desde las 9 aproximadamente, “sin horario de finalización”.
“Venían máquinas y supervisores con ropa de jefe”, apuntó, señalando también que trabajaban en los barrios Stella Maris, Juan XXIII, Moure, Abel Amaya, Pueyrredón y San Cayetano. Reconoció su firma en los partes y que la rúbrica tenía lugar en la base de “Brothers Truck”, en el barrio Industrial.
El otro testigo, de profesión camionero, recordó que conocía a los hermanos Pérez y que tenía un camión Ford Cargo, con planchada, que guardaban en la base de “Brothers Truck”. Señaló que rescataban autos del barro y los dejaban donde se lo solicitara su propietario. Y que estaban a disposición todo el día, de 12 a 18 horas. Asimismo, refirió que en principio no cobraban y que después comenzaron a trabajar “para el municipio”. Asimismo, indicó que firmaba los partes diarios “en la base, detrás de Neomat”.
LO QUE SE DEBATE
El tribunal de debate es presidido por Mariano Nicosia e integrado por los jueces Martín Cosmaro y Carlos Tedesco; el Ministerio Público Fiscal lo representan Cristian Olazabal, Cristian Ovalle y Fabiola López, mientras las defensas las ejercen los siguientes abogados: de Abel Boyero, Guillermo Iglesias; de Rubén Mansilla, Rubén Sartori, Marcelo Van Heerden, Alejandro Herk y Juan Carlos Lara, María de los Ángeles Garro; de Rubén Palomeque, María Cristina Sadino; de Cristian Hernán Lobos Rozas y Javier Morales, Juan Bill, de los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Ivo Di Taranto; en tanto que la de Roberto Monasterolo y Julián Astiz fue ejercida por Fabián Gabalachis.
La investigación se originó como consecuencia del temporal que azotó Comodoro entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017, en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produjo la precipitación de casi 400 mm. de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad, anegando calles y viviendas.
El 5 de abril de 2017 el Concejo Deliberante declaró la emergencia económica, social y administrativa y liberó al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos.
Así, con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta, se contrató desde el Municipio a 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Según la Fiscalía, se confeccionaron “partes diarios fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque”.