La Cámara Federal de Casación reabrió una investigación sobre el dueño del medio El Destape, Roberto Navarro, por supuesta “incitación a la violencia”, por unas declaraciones que hizo en radio sobre los periodistas Luis Majul, Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar y Jonatan Viale.
La denuncia de Majul fue la que inició el caso y Feinmann se presentó como querellante, pero la causa fue sobreseída en primera instancia y en la Cámara Federal. Ahora, esa decisión fue anulada por los jueces de la Cámara de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques.
Las expresiones de Navarro que generaron la denuncia se produjeron el 15 de agosto de 2022. Allí dijo: “Los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara”. Y agregó: “El Estado debe cuidarlo a Jony Viale para que esto no despierte la violencia contra él. Un día estos hechos van a terminar mal. Van a terminar a los tiros. Esa violencia puede ir contra ellos también”.
La jueza María Eugenia Capuchetti había cerrado la causa por inexistencia de delito, ante la falta de acusación por parte del fiscal Carlos Rívolo. Ese fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Apelaciones. Pero Feinmann apeló, a través de sus abogados Gabriel Iezzi y Ana Laura Palmucci. Y ahora se conoció que el viernes pasado la Cámara Federal de Casación Penal revirtió ese fallo y ordenó reabrir la causa judicial contra Navarro, para analizar si hubo delito en las expresiones del dueño de El Destape.
“Los argumentos desplegados son insuficientes para sustentar la confirmación de la desestimación de la denuncia”, dijo el juez Petrone, voto al que adhirió Barroetaveña. Agregó: “Objetivamente, existen elementos tales como el contenido mismo de las manifestaciones y el medio empleado para proferirlas que impiden descartar” la acusación.
Petrone advirtió que “la libertad de expresión y de prensa debe ser prudentemente evaluada en armonía con las conductas socialmente disvaliosas tenidas en la normativa penal”.
Mahiques consideró que “el exaltado clima político actual no favorece una delimitación conceptual rígida de la libertad de expresión porque el objeto (y los sujetos) involucrados en la disputa suscitan reacciones viscerales y ruidosas disputas por escrito en los medios y redes sociales”.
Y criticó a la Cámara Federal cuando cerró el caso. “Yerra el juez del voto que hizo mayoría cuando reduce la cuestión a una suerte de justa de opiniones libres entre querellante y denunciado sin hacer una evaluación de su densidad deletérea. No puede haber libertad de expresión subalternada a las pulsiones partisanas o la voluntad de dominar, denigrar, inferiorizar, cancelar, perseguir, vulnerabilizar, o percutir situaciones de odio, violencia o descalificación injustificada”.
Con una mirada que avanza particular sobre la libertad de expresión, sostuvo que “el carácter nocivo de ciertas expresiones y discursos, especialmente cuando son proferidos a través de medios masivos de comunicación, debe ser analizado en relación a la forma de su emisión, a las circunstancias en que llegan a los receptores, y a los efectos reales o potenciales que el mensaje puede producir en ellos”.
“Esto vale cuando las víctimas son destinatarias directas (como en las ofensas personales o en las amenazas), y también cuando las consecuencias son indirectas (como en la provocación a la violencia o la discriminación), en las que los damnificados eventuales son exteriores o ajenos a la situación comunicacional”, añadió.
Agregó que “el corazón de la libertad de expresión lo constituye el intercambio de ideas como vector de la opinión pública y es por tanto el interés general allí implicado el que cuenta con la protección de la ley y de los magistrados. La imputación efectuada por la parte querellante abarcó varias posibles conductas punibles. La denuncia en efecto, alude a la incitación a la violencia, figura que en nuestra legislación penal tutela el orden público como un bien propio del conjunto de la población”, completó. Por eso, dijo que la Justicia debe intervenir.
Los tres camaristas votaron por reabrir el caso, lo que implica que Navarro deberá ser investigado por sus dichos radiales. El periodista ultrakirchnerista dijo que en esa época advirtió sobre los discursos de odio y que a las pocas semanas se dio el atentado contra Cristina Kirchner.
LA NACION