Eduardo Belliboni, responsable de la Asociación Civil Polo Obrero, cerrará este martes la primera ronda de indagatorias fijadas por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa donde se investiga una estructura de extorsión y coacción hacia los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo cuyos planes manejaba, y administración fraudulenta de esos recursos públicos por parte de organizaciones sociales. El dirigente deberá responde como supuesto autor del delito de administración infiel, como también por la rendición simulada de fondos y la utilización de facturas apócrifas.
A los dirigentes sociales que tuvieron que presentarse en Comodoro Py, ante el juez Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, se los acusó de haber intervenido en una maniobra de defraudación por medio de la cual se desviaron fondos públicos asignados a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo.
Todo transcurrió entre junio de 2020 y diciembre de 2022, período en el cual el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor suscribieron cinco convenios con la Secretaría de Economía Social. Primero pidieron constituirse en Unidades de Gestión y Certificación.
Como contó Clarín, bajo esa estructura manejaron 361.087.500 pesos en concepto de subsidio institucional. La firma de los convenios los obligaba a rendir los gastos y certificar que los beneficiarios del programa financiado por el extinto Ministerio de Desarrollo Social cumplían con los trabajos correspondientes.
Nada de eso ocurrió, y por eso se los acusa de administración infiel. “Hubo fondos públicos confiados a una organización civil que debían ser correctamente administrados y aplicados a su única finalidad, bajo ningún aspecto podían utilizarse para fines políticos – partidarios”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
En el marco de esa acusación general, Eduardo Belliboni, citado por el juez Casanello a partir de las 9, deberá responder por la imputación que lo ubica como autor de la administración infiel.
Las facturas truchas
La imputación contra los integrantes del Polo Obrero como de la Cooperativa El Resplandor, refiere a que una parte significativa de esos recursos estatales “fueron administrados de manera indebida por sus autoridades, quienes, mediante el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados, desviaron su uso y lo aplicaron, tanto en forma directa como indirecta y por múltiples vías, al sostenimiento y financiamiento de actividad político-partidaria, en perjuicio de la administración pública nacional”.
El juzgado de Casanello detectó el uso de facturas “truchas” en las rendiciones de gastos que firmó Belliboni -junto a otros referentes del Polo Obrero- ante la Secretaría de Economía Social.
En la cuestionada rendición de gastos, las organizaciones presentaron facturas emitidas por las empresas Coxtex y Ediciones e Impresiones Rumbos, a través de las cuales simularon haber realizado gastos computados al programa, como compra de “materiales, indumentaria e insumos”, o bien “maquinaria, herramientas y equipamiento”.
La finalidad de esas rendiciones, concluyó el juzgado en su investigación, era ocultar el desvío de los fondos estatales.
Por ejemplo, la empresa Coxtex no tenía sede social ni comercial, carecía de una actividad real y fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas. A nombre de la misma el juzgado detectó dos facturas por 5.144.418 pesos.
La segunda firma, una imprenta “fantasma” como reveló Clarín, no tiene sede social ni actividad comercial real. A su nombre se verificaron un total de 179 facturas por una cifra aproximada de 31.000.000 pesos.
El juez Casanello atribuyó a Eduardo Belliboni la responsabilidad total de las rendiciones simuladas y el desvío de fondos con la utilización de facturación trucha, por parte de aquellas dos firmas y otras empresas, “que evidenciarían similares irregularidades”, indica la acusación.
Una parte importante del dinero público supuestamente desviado “se habría disfrazado y destinado al financiamiento de actividad político-partidaria en favor del Partido Obrero”, dijeron fuentes judiciales a Clarín.
“En particular, se habría utilizado el dinero para solventar gastos corrientes de la agrupación, y actividades de prensa, militancia y campaña electoral”, explicaron fuentes del expediente judicial.