A raíz de los incendios en las Sierras de Córdoba que comenzaron en agosto -con foco principalmente en la zona de Chancaní- el Gobierno declaró la emergencia ambiental, económica y habitacional en el lugar por el término de 180 días prorrogables.
Bajo la Ley 27782, la normativa fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. El documento asegura que la declaración se realiza con el fin de “adoptar todas las medidas conducentes a combatir los incendios en la provincia de Córdoba para restaurar y restablecer las zonas afectadas y prevenir nuevos focos”.
A su vez, el Poder Ejecutivo informó que, en paralelo con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, destinará una fondos para intervenir y asistir inmediatamente a las localidades, con el objetivo de garantizar la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas afectadas.
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02.40 | Milei retoma la bandera del ajuste a la casta
Por Florencia Donovan
Atacar, atacar, atacar, nunca defender. Es una de las máximas que rigen en la mesa chica de La Libertad Avanza (LLA), y que algunos repiten casi como un mantra. La estrategia no sólo se aplica a los conflictos con los estudiantes o por la reforma jubilatoria en el Congreso, también se aplica en términos generales a la agenda. El Gobierno apunta a dominar la discusión pública, como sea.
La crisis por el financiamiento a las universidades fue una alerta. Desde entonces, el equipo de La Libertad Avanza parece haber puesto en marcha una maquinaria de anuncios tendientes a congraciarse con un electorado que viene golpeado con la recesión y que venía exigiendo que parte del ajuste también lo asuma la “casta”. Bajar la inflación no había sido la única consigna de campaña; era bajarla ajustándole a la casta.
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Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -y la creación de la Agencia de Regulación y Control Aduanero en su lugar-, el Gobierno publicó oficialmente la medida en el Boletín Oficial.
De esta manera – aseguran desde el Ejecutivo- se ahorrarán alrededor de $6400 millones, mientras que se reducirán las autoridades superiores en un 45% y los niveles inferiores de la estructura actual en un 35 por ciento. Además se despedirán unos 3100 empleados que, según sostienen, ingresaron de manera irregular durante la última gestión. Esto implica una eliminación del 34% de cargos públicos.
Mediante el decreto 953/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció: “Con el objeto de eficientizar los aspectos vinculados con la aplicación y fiscalización del régimen impositivo, aduanero y de la seguridad social, deviene necesario disolver la AFIP y crear la ARCA como ente autárquico actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, que, con una estructura simplificada, contribuirá a optimizar su operatividad, garantizando una mayor especialización y eficiencia en la ejecución de sus funciones”.
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