La pelea por el control de Osprera, la obra social de los peones rurales, sigue sumando capítulos a una trama muy oscura. Ahora, el jefe del gremio Uatre, José Voytenco, denunció que la intervención ordenada hace dos semanas por el ministro de Salud, Mario Lugones, está vaciando la obra social.
Voytenco y la desplazada cúpula de Osprera publicaron este lunes una carta pública a Lugones en la que revelan que la intervención llevada adelante por la Superintendencia de Salud está poniendo en riesgo la continuidad de los servicios a los afiliados.
En la nota se enumeran una serie de hechos que darían cuenta de un intento de paralización total de la obra social, pese a que cuenta con los fondos que mes a mes aportan los afiliados. Es decir, que no se trata de un tema económico.
Entre esos hechos Voytenco acusa a la SSS de haber suspendido una reunión para aprobar la continuidad de diversos convenios, lo que provocó «cortes generalizados de servicios médicos». También se denuncia que bloquearon las cuentas de todas las delegaciones de Osprera, por lo que se cortó la cadena de pagos de las prestaciones.
El gobierno a fondo contra el líder de Uatre: ahora la UIF investiga a Voytenco por lavado
«Se han dejado de autorizar las provisiones de Medicamentos de Alto Costo, impidiendo su trámite de adquisición y entrega a los pacientes beneficiarios, siendo muchos de ellos urgentes y poniendo en riesgo los tratamientos y hasta la vida misma de los beneficiarios», señala la carta.
Voytenco agrega que la suspensión generalizada de los pagos es una maniobra «intencional» del gobierno para perjudicar a Osprera, que pese a contar con los recursos deberá hacerse cargo de intereses, multas, punitorios y mayores costos por los actuales incumplimientos.
Como contó LPO, Voytenco está contra las cuerdas porque además de haber perdido el control de la obra social enfrenta una causa muy pesada por presunta corrupción y lavado de dinero.
Semanas atrás, Voytenco había había logrado aliarse primero con Mario Lugones y luego con Lule Menem para frenar los embates de sus opositores en la Uatre y mantener el manejo de una caja de $50 mil millones, pero en el gobierno enseguida vieron que era un mejor negocio desplazarlo y no compartir el control de esa caja.