La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió que Javier Milei no está obligado legalmente a revelar quiénes lo contrataron como economista o conferencista en los últimos tres años. A pesar de ello, se le exige evitar cualquier acción que pueda beneficiar a esas empresas, pero como no obliga a revelar quiénes son, la responsabilidad queda exclusivamente en sus manos.
Esta resolución, adoptada bajo la dirección de Alejandro Melik, es una respuesta negativa al pedido de la Coalición Cívica, que buscaba acceso a la lista de clientes del mandatario. Sin embargo, en un dictamen interno, la OA afirmó que la normativa vigente no contempla tal exigencia. La falta de claridad sobre las relaciones previas del Presidente ha avivado las críticas en torno a la transparencia y el control en materia de conflictos de intereses.
El enfoque actual marca una diferencia con precedentes recientes. En 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández, el entonces titular de la OA, Félix Croux, le solicitó al entonces presidente detallar sus vínculos laborales de los tres años previos, especialmente si estos implicaban relaciones con el Estado. Fernández rechazó la solicitud, argumentando que excedía las obligaciones legales. No obstante, las sospechas de conflictos surgieron cuando se vinculó su pasado profesional con decisiones políticas, como la polémica moratoria fiscal que benefició al Grupo Indalo.
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Ahora, la atención se centra en Javier Milei, quien en declaraciones públicas aseguró haber obtenido ingresos sustanciales por sus conferencias (entre 10 mil y 25 mil dólares por evento). Aunque la Coalición Cívica insistió en la necesidad de mayor transparencia, la OA decidió no imponer la presentación de una lista de clientes ni una declaración detallada de intereses.
La situación se complica por la falta de registro de estas actividades en las declaraciones juradas de Milei. Según los documentos presentados en 2023, su único patrimonio declarado era una cuenta con 65 mil dólares, lo que genera preguntas sobre la trazabilidad de sus ingresos previos. Legisladores como Hernán Reyes y Federico Esswein han pedido que se incluya una declaración jurada de intereses que detalle tanto sus antecedentes laborales como las decisiones administrativas de las que debería abstenerse.
En julio, la OA envió a Milei un documento con recomendaciones éticas, enfatizando su obligación de excusarse en casos relacionados con empresas o individuos con los que tuvo vínculos recientes. Sin embargo, esta recomendación carece de mecanismos de verificación, dificultando detectar posibles conflictos.
FM cp