Este lunes, el Gobierno modificó los requisitos solicitados para la apertura de centros de tratamiento de salud mental y adicciones. Uno de los principales cambios implementados rige en la eliminación de la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos en el trámite.
Las modificaciones se realizaron a través de la resolución 6155/2024 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial, y habilita nuevas normas mínimas para la habilitación y apertura de los establecimientos y servicios de salud mental junto a nuevos estándares para la supervisión de dichos servicios.
La nueva normativa modifica la resolución 4107/2023 y desde el Ejecutivo se argumentó que la norma ahora «promueve una respuesta adecuada por parte del Estado a la demanda de atención en materia de salud mental», motivo por el que ven «necesario avanzar en la habilitación de dispositivos y servicios acordes al modelo de abordaje basado en la comunidad».
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
El objetivo de los cambios, según se detalló es «alcanzar la inclusión socio-comunitaria de las personas y garantizar una atención de calidad, integral, interdisciplinaria, intersectorial y con enfoque de derechos«.
En la publicación oficial, el Ministerio de Salud explicó que la normativa precedente «provocaba demoras o imposibilidad de habilitaciones», considerando que se debía realizar una consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos para la habilitación y fiscalización de los establecimientos.
La Municipalidad de Córdoba presentó su modelo de salud mental y adicciones en un encuentro regional sobre drogas sintéticas
«Esta situación no se correspondía con lo establecido por la norma superior vigente, la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) 26.657. Por lo tanto la modificación obedece no sólo a ubicar la resolución acorde al artículo 34 de la LNSM, sino a efectivizar el procedimiento, de forma eficiente y expeditiva», argumentaron.
Desde la cartera de Salud explicaron que «la normativa se adopta en consonancia con los nuevos principios fundamentales del procedimiento administrativo contemplados en la Ley N°27.742 de Bases y Punto de Partidas para la Libertad de los Argentinos, como lo son la simplificación administrativa y la buena administración».
«De este modo, se fortalece la red de servicios mediante la creación de los dispositivos comunitarios necesarios para la transformación de la Red Asistencial y para optimizar la definición de los dispositivos incluyendo el abordaje de consumos problemáticos, así como de equipos interdisciplinarios para la continuidad de cuidados y la externación sustentable», indicaron.
En la normativa, el Gobierno concluyó que «se propicia la accesibilidad, seguridad y calidad en los establecimientos» y que el cambio «recepta, amplia y garantiza los derechos de los pacientes contemplados en las normativas vigentes tales como el derecho a recibir un trato digno, respetuoso y a la asistencia interdisciplinaria, en un marco de calidad y seguridad».
AS./fl