El escándalo por la detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay con u$s200.000 sin declarar sigue generando repercusiones en el ámbito político. Ahora, y tras haber impulsado la expulsión del senador, el kirchnerismo pide la nulidad absoluta de la ley por haber sido votada con el apoyo del legislador, ya que la oposición sospecha que el origen de ese dinero podría estar vinculado con la sanción de esa iniciativa.
Se trata de un proyecto impulsado por la diputada de UP, Blanca Osuna, que propone declarar la nulidad «absoluta e insanable de la ley» Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos y de la Ley de Medidas Fiscales, paliativas y Relevantes publicadas en el Boletín Oficial el 8 de Julio de 2024.
El gobierno de Javier Milei considera a la ley Bases como fundacional de su gestión y demoró casi 6 meses en poder contar con los votos para sancionarla, luego de bajar varios de sus artículos más conflictivos, entre ellos algunas privatizaciones claves.
Para la diputada de UP, ambas iniciativas «son resultado del vicio a la voluntad de manera dolosa del senador Edgardo Kueider propiciada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y en complicidad con el Presidente de la Nación Javier Milei».
«Las Leyes mencionadas que deben ser declaradas nulas son de gran importancia para el Gobierno, ya que le brindan el marco legal para desregular y favorecer al poder económico que representa», sostiene la diputada nacional en los fundamentos de la iniciativa.
Además, para el kirchnerismo, también el texto de la Ley Bases que se comunicó al Senado tiene diferencias con la media sanción votada en dicha Cámara. Ante esta denuncia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió que existieron esas diferencias, adjudicándolo a un «error de tipeo».
Para el kirchnerismo, Edgardo Kueider fue clave para la sanción de la ley Bases
Según la diputada de UP, estas leyes «solo pudieron ser aprobadas como resultado del vicio a la voluntad dolosa del senador Kueider. El acto jurídico, para que sea considerado legal, debe ser ejecutado de manera voluntaria y lícita».
Para justificar la nulidad de la ley, Osuna sostiene que «cuando, de la constitución de estos hechos existe el error, dolo, violencia, intimidación o simulación, el acto es considerado nulo de nulidad absoluta, provocando su invalidez».
«La doctrina es clara al respecto, cuando en el acto falta la legitimidad y el vicio es obvio y grosero, debe ser considerado nulo —e incluso, en algunos casos, inexistente. Por lo tanto, debe aplicarse la teoría del acto jurídico individual al hecho colectivo de la sanción de las Leyes y la voluntad del Senador viciada en su votación la cual implica la nulidad de ésta y acarrea también la nulidad del hecho colectivo de la sanción de la Ley», asegura la diputada entrerriana.
Osuna recuerda que a Kueider se lo encontró «in fraganti en la ejecución de un delito» en Ciudad del Este, con 211 mil dólares, 646 mil pesos y 3.900.000 guaraníes sin declarar, «hecho que constituye una grave infracción a las normativas sobre el manejo de divisas y el lavado de dinero».
Para Osuna, a esos montos -cuya procedencia es desconocida- se le suma el pago de la fianza de 300.000 dólares.
Los sucesivos hechos que se visibilizan a partir de la detención del senador Kueider «dan cuenta de la constitución de la nulidad de la voluntad, la cual se conforma a partir del proceso cooptación sistemática por parte del Poder Ejecutivo», agrega la diputada.
Recuerda que en el debate antes de la aprobación de la ley Bases, el senador había realizado 40 observaciones al proyecto «mostrando su posicionamiento contrario a la sanción de la Ley. Sin embargo, fiel al procedimiento que termina con el claro vicio a la voluntad, firmó el dictamen favorable, lo cual fue determinante para su tratamiento en el recinto. La presunta oposición al proyecto es sin dudas el primer paso a la posibilidad de existencia de soborno».
Para Osuna, también el decreto que designó en la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande a funcionarios cercanos a Kueider, a cambio de su voto a favorable, es totalmente compatible a los delitos de prebenda y pago de votos».
¿Por qué el voto de Edgardo Kueider fue clave para sancionar la ley Bases?
La ley Bases fue votada por 37 votos afirmativos a 36 votos negativos, por eso sostienen que «el voto de Kueider fue trascendental para lograr el empate y que su socia Villarruel votará de manera positiva».
El kirchnerismo recuerda también que Kueider fue uno de los candidatos a presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia -que finalmente quedó en manos del radical Martín Lousteau- mientras estaba en vigor la polémica por el DNU con el que Milei otorgó 100 mil millones de pesos a la SIDE para gastos reservados, hecho que fue impedido por el bloque de UP y UCR.
Para la oposición, «el vicio de la voluntad dolosa lo constituye el hecho que Kueider decidió cambiar su voto por medio de contraprestaciones ilegales monetarias y de cargos públicos. Esta acción nunca se pudo dar de manera unilateral, sino que los responsables concurrentes a estos hechos son la Vicepresidenta Victoria Villarruel, en complicidad con el Presidente Javier Milei».
De esta manera, Kueider -según el kirchnerismo- se convirtió en un aliado fundamental del bloque oficialista, «lo cual él mismo reconoce en el momento de su detención, alegando que es senador de La Libertad Avanza», sostienen.
¿Cuáles son los antecedentes de leyes «viciadas de nulidad» y votadas en medio de sospechas?
● En mayo de 1935 una comisión investigadora del Senado de la Nación presidida por el Senador Lisandro de la Torre presentó un informe que contenía las conclusiones sobre los perjuicios que acarreaba para el país el comercio de carne con Inglaterra tras la firma del pacto Roca-Runciman. El legislador no sólo acusó de fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift, sino que aportó pruebas que comprometían seriamente a dos ministros del entonces presidente, Agustín P. Justo: Federico Pinedo, de Economía y Luis Duhau, de Hacienda.
El informe establecía el trato preferencial que recibían estas empresas que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se las inspeccionaba.
● En el año 1992, Juan Abraham Kenan -sin ser diputado nacional- se sentó en una banca de la Cámara baja y dio quórum para que se tratara el régimen regulatorio de la privatización de Gas del Estado. El hecho fue advertido por periodistas del Congreso y denunciado ante el juez federal Néstor Blondi, quien interrogó al «diputrucho» y lo procesó por el delito de «usurpación de títulos y honores».
Cuando se descubrió la maniobra, ya había alzado su mano para votar en favor del traspaso a manos privadas de Gas del Estado, tal como lo certificó una comisión investigadora del Congreso.
● La Ley Banelco. La sanción de la ley estuvo marcada por denuncias de sobornos en el Senado en abril de 2000, en el gobierno de Fernando de la Rúa, que concluyó con su renuncia y los incidentes del 19 y 20 de diciembre del 2001. El escándalo por la aprobación irregular de la ley que promovía una drástica flexibilización laboral llevaron finalmente a su derogación por parte del Congreso el 2 de marzo del 2004.
¿Cuándo se aprobó la ley Bases?
El 28 de junio el Gobierno nacional logró finalmente -después de 201 días- la aprobación de la Ley Bases, una ambiciosa propuesta que la administración libertaria definió como «fundacional» para su proyecto político.
El proyecto se aprobó tras una sesión de 14 horas, donde los diputados avalaron con 147 votos a favor, 107 votos en contra y 2 abstenciones la Ley de Bases, aceptaron los cambios a la redacción propuestos por el Senado.
Sin embargo, la «Ley Bases», como se conoce al proyecto, tuvo una primera versión, con un contenido distinto, que fue debatida por la Cámara de Diputados entre fines de enero y principios de febrero y no prosperó en la votación en particular de los artículos.
Ese proyecto enviado por Milei al Congreso tenía 664 artículos (más anexos) y refería a temas muy diversos como la emergencia económica; la reorganización administrativa; seguridad y defensa; justicia; interior, ambiente, turismo y deporte; capital humano; salud pública; e infraestructura y servicios.
Ratificaba además el decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por Milei el 20 de diciembre último, que aún se encuentra vigente pero que tuvo un primer traspié cuando fue rechazado en marzo por el Senado.