Los republicanos en el Congreso y antiguos funcionarios designados por el presidente electo Donald Trump pasaron el último año elaborando un plan contra los violentos manifestantes pro-Hamás en Estados Unidos.
Ahora, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, se anticipa que los organizadores de las protestas, los activistas y aquellos que los apoyan en la recaudación de fondos podrían enfrentar una serie de investigaciones federales y posibles causas penales.
Una investigación del medio NBC News sobre audiencias y cartas del Congreso, junto con demandas presentadas por organizaciones dirigidas por ex funcionarios de Trump, revela cómo podría abordar una segunda administración de Trump estas investigaciones y procesamientos potenciales.
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Las posibles medidas de Trump
A juzgar por las acciones planteadas hasta ahora, es probable que se apliquen varias medidas legales una vez que Trump regrese a Washington.
Una de ellas podría ser la deportación de estudiantes universitarios extranjeros con visa en Estados Unidos si se descubre que han apoyado abiertamente al grupo terrorista islámico Hamás o a otros grupos terroristas designados por Estados Unidos, o si participaron en una protesta no autorizada en las universidades que resultó en suspensión, expulsión o encarcelamiento.
Otra medida sería iniciar investigaciones federales contra manifestantes que bloqueen entradas a sinagogas o interrumpan discursos de oradores judíos en actos públicos.
Una tercera opción sería acusar a los líderes de las protestas pro palestinas y a las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a recaudar fondos para los grupos de protesta de no registrarse en el Departamento de Justicia de Estados Unidos como «agentes de un principal extranjero«.
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Además, se podrían abrir investigaciones contra los líderes de las protestas que mantengan contacto directo con grupos terroristas designados por Estados Unidos.
«El presidente Trump hará cumplir la ley«, dijo la senadora republicana Joni Ernst, de Iowa, en un correo electrónico a NBC News. Ernst solicitó recientemente al FBI que investigara a un grupo estudiantil pro-Hamás en la Universidad de Columbia, llamado Columbia University Apartheid Divest (CUAD).
Un miembro del grupo había amenazado de muerte a los «sionistas» en redes sociales, un hecho del que la organización inicialmente se distanció, pero que luego respaldó en una publicación en Instagram. CUAD también distribuyó propaganda pro-Hamás por el campus, que mostraban a hombres enmascarados con armas.
Durante el último año, bajo la dirección de Rubinstein, America First Legal presentó cuatro demandas que ofrecen una visión de cómo la administración Trump podría diferir de la anterior.
America First Legal sostiene en estas demandas que el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Educación han protegido a extremistas islámicos partidarios de Hamás.
En documentos judiciales y en cartas a varios funcionarios de supervisión federal, America First Legal también argumentó que el Departamento de Justicia debería haber obligado a varios líderes de grupos pro palestinos a registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA, que requiere que las personas que actúan como «agentes de un principal extranjero» se registren ante el Departamento de Justicia.