En el día de ayer, el Gobierno del ultra kirchnerista Axel Kicillof tomó la decisión de desvincular y presentar denuncias penales contra 18 miembros de la Policía bonaerense que en los últimos días llevaron adelante un reclamo relacionado con mejoras salariales y laborales.
Los agentes, que prestaban servicio en los distritos de Ituzaingó y Tres de Febrero, también fueron acusados judicialmente por el supuesto «delito de sedición«.
Hoy, al ser entrevistado por el medio La Nación, Rodrigo Tripolone, el abogado defensor de los oficiales de la Policía Bonaerense que protestaron contra Kicillof por la inseguridad y los malos salarios, reveló que hay zonas liberadas porque Kicillof sigue desafectando efectivos.
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«Les formaron una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública. Es una burrada lo que hicieron con el objetivo de amedrentar a la Fuerza, en un momento donde la inseguridad está pegando muy duro a los bonaerenses«, comentó el abogado.
«Ayer Ituzaingó quedó con zonas descubiertas porque no habían efectivos para cubrirlas, porque todo el turno fue separado de la Fuerza«, agregó, criticando el accionar del gobierno kirchnerista de Kicillof.
Además, el abogado denunció amenazas y aprietes hacia él o hacia los policías que protestan contra Axel Kicillof. «Gabriela está en Puente 12. Es policía retirada, y está sufriendo las consecuencias de reclamar por sus derechos. Pero hoy, fueron más allá y denuncia que la habrían llamado amenazando con asesinarla a ella y a su hija si no desistia«, denunció en redes sociales.
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Las protestas
Durante las protesta, los efectivos expresaron públicamente sus reclamos, que incluyen un incremento salarial del 100%, mejores condiciones laborales, libertad para elegir la obra social y acceso gratuito a asistencia psicológica.
También pidieron la reincorporación de agentes sancionados por el gobierno kirchnerista en protestas anteriores y el fin de las represalias contra quienes participaron en la movilización. Sin embargo, la advertencia de un posible acuartelamiento fue lo que causó mayor inquietud en el Ministerio de Seguridad provincial.
El malestar dentro de la fuerza policial no es nuevo, pero en esta ocasión las demandas se presentaron con una lista de exigencias específicas. Entre ellas se incluyen:
- Sueldo inicial de $1.600.000 para los agentes recién egresados.
- Aumento en las horas extras (conocidas como «Cores»).
- Retiro con el 100% del salario tras 25 años de servicio.
- Provisión de dos juegos completos de uniformes anuales.
- Creación de planes de vivienda y acceso a préstamos a tasa baja.
Además, los manifestantes señalaron que el sueldo base de un efectivo es actualmente de 512 dólares (unos $600.000 al tipo de cambio actual), una cifra completamente insuficiente para quienes dan la vida por los ciudadanos de bien, y no les alcanza ni para cubrir el costo de vida.