Lunes 24 de febrero, comienzan las clases y, como siempre, también los paros docentes. Un escenario predecible frente a cualquier gobierno que no esté alineado políticamente con los jerarcas sindicales, con Roberto Baradel, con Sonia Alesso, con aquellos que contribuyeron a mantener cerradas las escuelas durante casi dos años en la pandemia, generando un daño a una generación de niños y jóvenes del cual jamás se habrán de recuperar.
¿Cómo lograr algo aparentemente tan elemental como que los niños puedan concurrir a la escuela, sino con la declaración de la educación como una actividad esencial? Pero eso, por sí solo, no alcanza.
El 14 de agosto pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley presentado por el titular de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, que declara a la educación como un servicio estratégico esencial y obliga a las escuelas a abrir los días de paro y contar con una guardia mínima de personal que garantice el derecho a la educación de los niños y adolescentes. Entre otros puntos, el proyecto estipula que el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de la medida de fuerza, para garantizar la continuidad de las clases. Si el paro se prolonga por más de dos días, este porcentaje se incrementará al 50%.
Si bien la aprobación del proyecto constituye un avance, es insuficiente para defender el derecho a la educación de los niños y jóvenes que asisten a escuelas de gestión pública, mayormente afectados por los paros docentes.
Un niño que asiste a clases en un establecimiento donde concurriría tan sólo el 30% de los docentes no puede desarrollar su proceso de aprendizaje con normalidad. Ello no garantiza su derecho a la educación.
Es imprescindible exigir una mayor asistencia docente, como lo estipulaba, por ejemplo, el DNU del gobierno nacional de diciembre de 2023. En su artículo 97, inciso f, definía la educación como uno de los servicios esenciales, y explicitaba que: “en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer las partes una cobertura menor al setenta y cinco (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”.
El 1 de marzo de 2024, en su discurso de Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei expresó: “En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia a la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga”.
No tengo duda alguna de que el Presidente tiene razón. Es necesario que el Senado, en su rol de Cámara Revisora, apruebe el proyecto de ley que hoy cuenta con media sanción de Diputados, pero elevando a un 75% el porcentaje de asistencia docente requerida, como lo establecía el DNU, y que dicha modificación sea ratificada por la cámara de origen.
Los niños no pueden hacer huelga ni protestar por su derecho a aprender. Si los adultos no priorizamos su educación, en pocos años muchos de ellos dependerán de planes sociales y vivirán atrapados en un ciclo de pobreza. ¿Vamos a seguir condenándolos a ese destino? Nuestros representantes en el Congreso tienen la posibilidad y responsabilidad de evitarlo. No pueden mirar para otro lado.
* Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de la Universidad del CEMA