La crisis judicial que envuelve al caso «Golpe 1», ha vuelto a poner en evidencia la creciente polarización y la influencia del poder político sobre el sistema judicial en el país. La reciente admisión de la acción de inconstitucionalidad contra el delito de terrorismo planteada por Camacho ha desatado nuevas tensiones. Particularmente con la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de revisar este recurso, lo que ha generado dudas sobre la imparcialidad de la justicia en el país.
El abogado de Camacho, Martín Camacho, ha dejado claro que solicitará la paralización del juicio mientras el TCP analiza su recurso. En una declaración reciente, señaló que la suspensión del proceso es esencial para asegurar que el fallo del tribunal constitucional sea tomado en cuenta. Esto considerando que el delito de terrorismo es la figura penal principal que pesa sobre su defendido.
La postura del abogado ha dejado en evidencia una controversia legal y política de fondo. Porque la judicialización del conflicto político del 2019 parece ser parte de un escenario más amplio de intervención del régimen masista sobre la justicia.
Este cuestionamiento hacia el sistema judicial se da porque el TCP ya ha revisado y revocado una decisión previa de un tribunal inferior que había rechazado la acción de inconstitucionalidad. La misma CIDH ha señalado en diversas ocasiones que el tratamiento de figuras como el terrorismo en el ordenamiento jurídico boliviano es cuestionable y debe ser ajustado a los estándares internacionales.
La influencia política del MAS sobre el sistema judicial ha sido una constante desde que Evo Morales llegó al poder. Con la elección de magistrados afines al oficialismo y la eliminación de figuras de la oposición del sistema judicial, la independencia de la justicia ha quedado seriamente comprometida.
El caso de Camacho es solo uno de los muchos ejemplos que evidencian cómo el régimen masista utiliza el aparato judicial para acosar a sus adversarios políticos y frenar las críticas.
El abogado Martín Camacho ha asegurado que, de ser declarada inconstitucional la figura del terrorismo, el proceso judicial en su contra debería caer. Pero los abogados defensores temen que el sistema judicial continúe su curso a pesar de la admisión de este recurso y que, a pesar de la revisión en el TCP, la justicia continúe siendo parcial y sesgada.
¿Prevalecerá la justicia?
| La Derecha Diario
En las últimas semanas, el equipo legal de Camacho ha denunciado la presentación de pruebas insuficientes por parte del Ministerio de Gobierno, lo que pone aún más en duda la validez del proceso judicial.
La controversia por las pruebas presentadas por el Ministerio de Gobierno es otro de los puntos críticos del caso. Según el abogado de Camacho, el ministerio presentó más de 200 pruebas, muchas de las cuales son documentos fotocopiados y recortes de prensa que carecen de sustento legal. A pesar de esto, el tribunal ha decidido permitir que parte de estas pruebas continúen siendo consideradas en el juicio.
Lo que parece ser cada vez más evidente es que el gobierno, a través del sistema judicial, está buscando una sentencia condenatoria a Camacho. Esto con el fin de debilitar la resistencia a su régimen.
El uso de procesos judiciales como un mecanismo de persecución política es una táctica recurrente en los gobiernos autoritarios de izquierda. A través de la judicialización de la crisis de 2019, el régimen ha logrado mantener bajo constante presión a sus detractores.
La respuesta del TCP ante la acción de inconstitucionalidad de Camacho podría ser clave para determinar si el país sigue avanzando hacia un estado de derecho o si se está convirtiendo en un estado en el que la justicia se convierte en una herramienta del poder político.
El caso «Golpe 1» no solo pone en evidencia la falta de imparcialidad del sistema judicial boliviano. También revela el uso de la justicia como un arma política para amedrentar y criminalizar a la oposición.
Lo que está en juego es la defensa de los principios democráticos y el derecho a un juicio justo e imparcial. Algo que parece estar cada vez más distante en el escenario judicial del país.
En este contexto, la cuestión central será si el Tribunal Constitucional Plurinacional realmente tendrá el valor de hacer justicia y actuar con independencia. En caso contrario sucumbirá ante la presión política del gobierno masista. La respuesta será decisiva no solo para el futuro del juicio contra Camacho, sino para la credibilidad del sistema judicial boliviano en su conjunto.