La agenda de privatizaciones que el Gobierno lleva adelante no se toma pausas y, tras la reciente decisión de promover la venta de Intercargo y el cambio de status de la minera Río Turbio, ahora se apresta a transferir la mayoría accionaria de la empresa de aguas AySA.
En ese tono, el oficialismo evalúa buscar comprador vía una licitación o, en todo caso, liberar las acciones de la firma en la Bolsa a la espera de que algún interesado se quede con la mayoría. Ligado a esto, empresas españolas reconocieron interés en la compañía nacional.
En paralelo, La Libertad Avanza (LLA) transformó a Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIFSE) en sociedades anónimas para avanzar con sus respectivas privatizaciones.
AySA viene de concluir 2024 con un resultado positivo del orden de los $104.000 millones y ese dato es observado por el Gobierno como un argumento capaz de acentuar el interés de parte los capitales internacionales.
Una opción que se baraja muy cerca de LLA refiere a la posibilidad de que en la Bolsa se ofrezcan acciones especiales a los fines de que quien las adquiera ejerza el control del directorio de la aún estatal. Esas participaciones se venderían a un valor más elevado respecto de otras.
Privatizaciones: Aysa, en la mira de inversores extranjeros
En cuanto a la alternativa de la licitación, también implicaría la colocación de un número determinado de acciones clave para el manejo de AySA. En todo caso, una venta fragmentada de la firma de aguas permitiría al Gobierno cumplir con una premisa pensando a futuro: que, en caso de ocurrir un cambio de administración política, la compañía no pueda volver a ser estatizada.
Mientras tanto, la firma sigue bajando el número de su estructura laboral y en el último año sumó alrededor de 1.200 retiros voluntarios.
El ajuste que viene aplicando la estatal también se ha hecho sentir en el ámbito de la obra pública. En ese sentido, vale señalar que la empresa transferirá la concreción de más de 80 proyectos de expansión de red a municipios, la gobernación bonaerense y la Secretaría de Obras Públicas.
Se estima que el decreto que active el proceso de privatización de AySA vería la luz antes de mediados del mes próximo.
Respecto de los potenciales interesados en la firma, Iñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), definió recientemente a AySA como una empresa «magnífica» y que podría «ser un éxito de privatización».
«AySA es una empresa top. Ya nos ha llamado mucha gente para preguntarnos por AySA. Es una compañía interesante porque está muy bien gestionada, pero privatizarla la dotará de recursos para invertir y mejorar el servicio», declaró.
Trenes: el Gobierno intensifica su apuesta por la privatización
A muy poco de autorizar la privatización de Trenes Argentinos Cargas (TAC), el oficialismo volvió a mover las piezas y estableció que Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIFSE) pasen a ser sociedades anónimas en lugar de sociedades del Estado, lo cual habilita el ingreso de capital privado en ambas compañías.
Según difundió el sitio especializado Enelsubte, entre otras cuestiones, este cambio implica desactivar la obligación de asistencia financiera del Tesoro y quita la imposibilidad de transferir acciones a privados. De ahí que la medida es interpretada como otro paso hacia la privatización del sistema ferroviario.
Si bien debe aclararse que este cambio de status no implica una modificación de la estructura accionaria tanto de SOFSE como de ADIFSE, sí inaugura la posibilidad de que el Gobierno negocie con privados la posibilidad de que adquieran parte de ambas compañías.
Intercargo, otra de las estatales en venta
A la par de estos casos, el Gobierno finalmente dio el paso y activó el proceso de privatización de Intercargo mediante un decreto publicado a mediados de marzo, y que llega como corolario de una desregulación del negocio de las rampas y los servicios aéreos en tierra iniciada en noviembre del año pasado.
La venta de la compañía, indicó el oficialismo, se llevará a cabo mediante la transferencia del 100% de sus acciones vía un proceso de licitación pública «de alcance nacional e internacional».
Todo el proceso será tutelado por el Ministerio de Economía. Entre los argumentos para justificar la privatización, el Gobierno aseguró que Intercargo demandó fondos públicos por hasta $6.700 millones solo en el período 2020-2023.
Entre los argumentos del decreto, La Libertad Avanza (LLA) reconoce que durante 2024 se dejó de brindar asistencia financiera a la compañía. Y, a tono con esto, afirma que la privatización de Intercargo también ocurre en respuesta a que la firma no puede funcionar «con recursos propios y sin la asistencia financiera del estado nacional».