El fiscal federal Eduardo Taiano le requirió a la jueza María Romilda Servini que levante el secreto fiscal y bancario del presidente Javier Milei; de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el antiguo asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales y los empresarios Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) lo solicitó en el marco de la causa que los investiga por incumplimiento de los deberes de funcionario público y como parte de una asociación ilícita que estafó y defraudó con la promoción de la criptomoneda $Libra.
El pedido se encuentra en un legajo aparte del expediente donde, días atrás, Taiano solicitó asistencia para elaborar una propuesta de medidas, a efectos de reunir la información necesaria para realizar un análisis sobre la evolución patrimonial de los mencionados y de Sergio Daniel Morales, desde el año 2023 hasta el presente.
El requerimiento fue dirigido a María Fernanda Bergalli, titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai) del MPF. El reclamo de Taiano a Servini sucede horas después de que la Cámara Federal de San Martín determinó que la investigación de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pase al fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires.
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Arroyo Salgado exigió quedarse con la causa de Comodoro Py. Aceptó una denuncia por los tuits de Milei donde promocionaba $Libra. Como fueron publicados desde la quinta presidencial de Olivos, consideró que estaba en la competencia del juzgado de San Isidro. Ante esto, el fiscal sanisidrense Federico Iuspa impugnó la decisión reclamando la declinatoria de competencia a favor del juzgado de Servini que posteriormente fue avalada por el camarista Juan Pablo Salas.
En su fallo, el magistrado Salas señaló que el expediente cuya investigación está delegada en el fiscal Taiano “es la que se encuentra actualmente en mejor posición para investigar de manera integral el objeto procesal de los expedientes, constituidos por diversas y presuntas conductas delictivas que se habrían sido cometidas en varias jurisdicciones y que tendrían conexión entre sí”.
Asimismo, y para arribar a su conclusión, el juez dijo encontrar incompatibilidades con los precedentes citados por Arroyo Salgado. También hizo referencia a un caso de competencia anterior que surgió en la residencia de Olivos. Fue suscitado en la causa por lesiones, en un contexto de violencia de género donde el expresidente Alberto Fernández fue denunciado por Fabiola Yañez. Los hechos denunciados “habrían ocurrido” en la residencia presidencial y por eso pidieron que el expediente pasara a la Justicia federal de San Isidro.
En ese sentido, Salas determinó que en ese caso “no se encontraba controvertida la posibilidad de comisión de otros hechos conexos presuntamente ejecutados en un territorio ajeno a la competencia de esos juzgados, como sí sucede en el presente”.
Mientras tanto, Taiano aguarda el análisis de las computadoras, equipos y documentación secuestrados durante el allanamiento del cual fueron objeto Novelli y Terrones Godoy y Morales.
El próximo lunes se cumplen dos meses de la publicación del tuit que difundió Milei. El Presidente sostiene férreamente que no promocionó, sino que “difundió” el activo digital que a las pocas horas colapsó. La debacle generó pérdidas millonarias y la publicación del jefe de Estado fue borrada.
Además de estafa y asociación ilícita, a Milei se le suma la presunta comisión del delito de agiotaje o fraude bursátil, una figura relativamente nueva, pero contemplada en el Código Penal Argentino donde se castiga a las personas que manipulen los precios de cualquier activo con el fin de lucrar de manera indebida.
Servini no quiere investigar a Karina. Otro de los expedientes que orbitan a la causa libra es el originado por la denuncia de los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro donde acusaron a Karina Milei de supuesto cohecho y tráfico de influencias. Para los legisladores, la hermana del mandatario fungió como lobista de personalidades del mundo cripto a quienes les cobraba para cerrar reuniones con el jefe de Estado haciendo uso de su cercanía como funcionaria del Ejecutivo nacional.
Esa denuncia quedó por sorteo en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, quien trabaja con Taiano en otra fiscalía que subroga. A instancia de Taiano, Martínez de Giorgi se declaró incompetente. Le mandó la causa a Servini, quien no compartió el criterio de su colega y se la devolvió.
Servini fundamentó su decisión al señalar que “las circunstancias presuntamente delictivas atribuidas a Karina Milei, en uno y otro proceso, son diferentes, teniendo en cuenta los momentos en transitan ambas investigaciones, cuya vinculación en estos momentos resulta ser prematuro”.
Asimismo apuntó contra Martínez de Giorgi, de quien dijo que “no instruyó mínimamente la causa”, tampoco tomó declaraciones testimoniales de los denunciantes ni tampoco de Cristina Pérez y Paulino Rodrigues, periodistas del canal de cable de La Nación, que fueron mencionados en la denuncia.