La tradicional concentración de jubilados frente al Congreso de la Nación volverá a realizarse este miércoles 11 de junio y se espera una masiva movilización. La reciente decisión de la Corte Suprema, que dejó firme la condena contra Cristina Kirchner, sumó un nuevo motivo de protesta a una jornada ya marcada por múltiples reclamos sociales, económicos y previsionales.
Ante este escenario, el Congreso se encuentra blindado por las fuerzas federales de seguridad y muchos vecinos de la zona se quejaron por la falta de acceso a sus casas, trabajos o incluso alumnos de un colegio. «Un desastre«, dijo uno de los estudiantes.
«No puedo pasar porque estamos totalmente encerradas. Todos los miércoles es lo mismo para pegarle a los jubilados«, se quejó una vecina de la zona.
Organizaciones sociales se movilizarán al Congreso
Desde las organizaciones convocantes, se informó que la concentración comenzará a las 15 en la Plaza Congreso, con columnas desplegadas sobre las avenidas Rivadavia, Callao y Entre Ríos. Para contener la protesta, el Gobierno desplegará un importante operativo de seguridad, que incluirá vallados reforzados, tal como sucedió en manifestaciones recientes.
El recuerdo de la represión en marchas anteriores genera preocupación entre los organizadores, quienes temen nuevos episodios de violencia bajo el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad, que ya produjo detenciones, heridos y uso de gas pimienta.
A la jornada se espera que asistan representantes de gremios, organismos de derechos humanos, movimientos feministas, colectivos de discapacidad, docentes universitarios, y agrupaciones como la CTA, la UTEP y el Movimiento Evita. Además, se prevé la presencia de figuras del peronismo y del oficialismo, quienes ya expresaron su rechazo al fallo contra Kirchner.
Las consignas más repetidas serán la «defensa de la democracia», el rechazo a los ajustes económicos y la denuncia de una supuesta persecución judicial contra la exmandataria. Desde sectores del kirchnerismo, afirmaron que “el pueblo va a salir a la calle”.
En paralelo a esta movilización, la Cámara de Diputados envió al Senado varios proyectos de ley que contemplan el aumento de jubilaciones, un bono para quienes perciben el haber mínimo, la prórroga de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad.
Estas propuestas fueron cuestionadas por el Ejecutivo, que advirtió que su aplicación costaría aproximadamente u$s12.000 millones y anticipó que serían vetadas por el presidente Javier Milei.
Embed