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En su segundo año de gestión, el Gobierno aplicó su motosierra de forma selectiva, tras implementar un recorte de casi el 30% en el gasto acumulado en 2024. En el primer semestre de este año, el total de desembolsos muestra un crecimiento “marginal” (se expandió 2,9%, al ajustar por inflación), con algunos rubros sobre los que sigue recayendo el ajuste.
Subsidios al transporte y las tarifas, salarios de trabajadores del sector público y transferencias para obras de capital son tres de los rubros que continuaron con recortes, según un análisis de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto) sobre las cuentas de la Administración Pública Nacional, que explica algo más del 90% de la dinámica del gasto del sector público (no comprende organismos descentralizados y empresas públicas).
De acuerdo con este informe, el gasto primario en el semestre acumula una expansión del 2,9% (ajustada por inflación), con la mayoría de los segmentos que se expanden tras el fuerte ajuste aplicado en 2024. En ese escenario, los rubros anteriormente mencionados muestran una evolución en negativo y son, hasta acá, los pilares de la baja en el gasto sobre los cuales el Gobierno espera cumplir con un superávit del 1,6% del PBI.
En los primeros seis meses del año, siguió cayendo el gasto en transferencias de capital (obra pública), con una contracción interanual del 64,8%. Si se compara frente al primer semestre de 2023, la caída en este rubro es del 92,6%, es decir, a lo largo de 2025 fue prácticamente nulo.
Las remuneraciones del sector público es otro de los rubros de mayor ajuste, en un contexto donde se combinan despidos en diferentes dependencias y ajustes salariales que pierden con la inflación. Según los datos de ASAP, esa línea del gasto se contrajo 9,6% en el primer semestre de este año, y acumula una caída del 24,4% con respecto a igual período de 2023, el último año de la gestión de Alberto Fernández.
El tercer rubro que muestra caídas es el de las transferencias corrientes al sector privado, que contempla factores como los subsidios a la energía, el transporte y otros servicios públicos. Según ASAP, el Gobierno aplicó un ajuste del 17,8% en el primer semestre de este año, y un acumulado del 36,7% en comparación con 2023.
Similar es la tendencia en el segmento “Resto de transferencias corrientes”, que excluye los fondos directamente asignados a universidades o provincias: según ASAP, la contracción este año es del 21,1%, y acumula un ajuste del 51,4% frente a 2023.
De acuerdo a los autores del informe, en estos números también impacta la licuación del bono a las jubilaciones, que está congelado en $70.000 desde marzo de 2024, pese a la inflación acumulada en el período. De hecho, una de las iniciativas aprobadas en Diputados propone llevar ese bono a $110.000, para recuperar parte de su poder adquisitivo, que según cálculos de la OPC tendría un impacto fiscal del 0,15% del PBI este año.