domingo, 14 septiembre, 2025
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Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas

En menos de dos años, las Fuerzas Armadas perdieron 18.659 militares, que pidieron la baja desmotivados por el retraso salarial y la falta de estímulos profesionales. Así surge del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Cámara de Diputados y de las interpretaciones que se hacen puertas adentro de los cuarteles.

El informe del jefe de Gabinete, que responde a las preguntas de los legisladores con datos aportados por el Ministerio de Defensa el mes pasado, revela que a partir del 10 de diciembre de 2023, fecha en que asumió el presidente Javier Milei, dejaron las fuerzas 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados voluntarios.

La mayor deserción se dio en las filas del Ejército y, especialmente, entre los uniformados que conforman la tropa voluntaria. Las Fuerzas Armadas tienen hoy un plantel de 83.000 militares desplegados en todo el país.

Según el detalle ofrecido por Francos, de los 18.659 efectivos que pidieron la baja, 14.614 pertenecen al Ejército, 2971 a la Fuerza Aérea y 1074 a la Armada. En distintas unidades coinciden en que la cantidad de bajas no es compensada por los egresos de los institutos de formación militar. Ya en julio pasado LA NACION reveló que más de 2200 militares y efectivos de seguridad habían pedido la baja en el primer semestre del año, por los bajos salarios.

“No es un problema nuevo, se viene dando hace diez años. Pero no por eso deja de ser alarmante y preocupante”, dijo a LA NACION un general en actividad, que mira los números con preocupación.

En cambio, en sectores cercanos a la conducción de las Fuerzas Armadas relativizaron las cifras. “Es un número excesivo. Además de las bajas debe contabilizar el personal retirado, que no es lo mismo. El retiro comprende a los que cumplen los años de servicio. Desde el punto de vista estadístico no presenta ninguna alarma. El movimiento de soldados es normal. Todos los años hay bajas y altas”, argumentó la fuente castrense, ante una consulta de LA NACION.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la presentación de su informe en la Cámara de Diputados

La mayor deserción se registra en el servicio militar voluntario, que incorpora soldados por contratos que se extienden por dos o cuatro años, al cabo de los cuales tienen posibilidades de sumarse al Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. En ese universo, la renovación es constante, dado que no pueden permanecer más allá de los 28 años de edad, pero llama la atención, principalmente en el Ejército, la alta proporción de bajas, que desde diciembre de 2023 acumula 12.866 soldados.

“Las mayores bajas se dan en las grandes ciudades como Buenos Aires y Córdoba, donde los costos de vida son más altos y existen mejores ofertas laborales, en un contexto de crisis. Por ejemplo, un cabo enfermero en un Hospital Militar cobra en mano $500.000, pero es muy requerido en el ámbito civil y al incorporarse al sector privado, al día siguiente de su baja pasa a cobrar $ 1.000.000”, evaluó una fuente militar.

Además, al formar sus propias policías, los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba proponen ofertas tentadoras a oficiales y suboficiales jóvenes y capacitados de las Fuerzas Armadas para que, una vez producida la baja, se sumen a las fuerzas locales, con el reconocimiento de la antigüedad y el grado, pero con un sueldo duplicado o triplicado, mejores condiciones laborales y una cobertura de salud más completa.

En ese sentido, la crisis del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que arrastra una deuda de $210.000 millones y castiga a sus afiliados con un cese de prestaciones en varios distritos, conforma un panorama más caótico.

Los militares conservan el reclamo de la equiparación de haberes con las fuerzas de seguridad, una promesa que lleva ya varios años y, por lo menos, dos gobiernos. En muchos casos, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas pelean por no caer bajo la línea de pobreza, que para una familia tipo, según el Indec, ascendía en junio último a $1.128.398.

El ministro de Defensa, Luis PetriSoledad Aznarez

Los bajos salarios impactan particularmente en las jerarquías más bajas. Mientras un capitán y un teniente de navío cobran $1.055.067, la remuneración de un teniente primero y de un teniente de fragata llega a $938.420. Un teniente del Ejército y un teniente de corbeta perciben $846.017 y un subteniente, un guardiamarina y un alférez –las categorías más bajas entre los oficiales– cobran $766.215.

Entre los suboficiales, un sargento y un cabo principal perciben $810.933, un cabo primero, $727.764 y un cabo segundo, $673.588.

En el interior de las fuerzas entienden que la problemática salarial es decisiva, dado que el estilo de vida de los militares, en general, obliga a tener un solo ingreso familiar, porque con cada cambio de destino su cónyuge suele perder su trabajo. “También existen privaciones relativas a su entorno familiar y de amigos, que muchas veces influye en la decisión de pedir la baja, pese a la vocación”, señaló una fuente castrense.

Incluso, hay voces que sostienen que los suboficiales presentan mejores condiciones relativas que los oficiales que los mandan. “La mayor permanencia en los destinos permite a los suboficiales que su pareja o cónyuge tenga un trabajo más estable y acceso a planes provinciales de vivienda y a emprendimientos. Algunos consideran que tal vez les habría convenido ser suboficial. La diferencia de responsabilidades no está reflejada en las escalas salariales”, señaló una de las fuentes consultadas.

“Hoy la información circula con rapidez y los jóvenes oficiales advierten que en las Fuerzas Armadas de países vecinos, a diferencia de la situación local, proveen el uniforme y las botas. “Acá duran seis meses y las fuerzas entrega anualmente un 20% de las necesidades. En las fotos de ejercicios militares se puede ver el nivel de desgaste de los materiales y elementos”, resumen las fuentes consultadas.

Como ejemplo ilustrativo de las restricciones en el equipamiento, muchos militares en el Ejército portan los mismos fusiles FAL que se usaban en Malvinas, un arma con 70 años de vigencia, sin todos los accesorios de tiro y visión de un arma moderna.

“Los morteros pesados, de 120 milímetros, han pasado periodos de cuatro o cinco años sin municiones y unos pocos al año para los morteros de 81 milímetros. La artillería de 105 milímetros recibe unos 40 a 60 proyectiles anuales, lo que alcanza apenas para una sesión de tiro de escuela. Armas antitanque modernas, como el AT4, fueron compradas de a una para cada unidad y hacen solo un disparo al año”, describen en los cuarteles, al señalar que ello impacta en la insatisfacción profesional y la consecuente pérdida de vocación militar.

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