El debate político y mediático poselectoral desplazado a la derecha. Editorial de “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que se emite todos los sábados de 12 a 14 h por Radio Con Vos (89.9 FM).
Sábado 8 de noviembre 14:00
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Después de las elecciones del 26 de octubre la palabra “orden” volvió a ponerse de moda: “orden macroeconómico”, “nuevo orden laboral”, “orden extractivista”. Orden y más orden.
Con el tema de “orden macroeconómico”, el Gobierno lo presenta como dogma: equilibrio fiscal a cualquier costo, ancla salarial, apertura para el capital financiero y “seguridad jurídica” para las grandes empresas para las que nunca la “seguridad jurídica” es suficiente.
Pero, a su alrededor, alrededor del Gobierno, la mayor parte del arco político y mediático tradicional repite el libreto: primero el orden, después vemos quién vive, quien se jubila y con cuánto y quién come. Lo repiten los voceros oficiales, los editorialistas serios y también una gran parte de la oposición peronista que ya no discute la lógica, apenas el ritmo y las formas.
¿De qué orden hablan? ¿Cómo se traduce? El orden concretamente y pasado a valores es congelar salarios y jubilaciones (o recortarlas aún más) mientras se libera precios y tarifas; orden es blindar la ganancia empresaria con reforma laboral, mientras se precariza la vida cotidiana; orden es consolidar el modelo extractivista para garantizar dólares a los acreedores y a los socios locales.
Decime todo esto sin decirme todo esto: “orden macroeconómico”.
El proyecto de reforma laboral del Gobierno plantea, entre otros puntos, la extensión de la jornada hasta 12 horas, la flexibilización vía banco de horas, el abaratamiento de despidos y la erosión de las indemnizaciones, bajo el argumento de “modernizar” y “bajar la litigiosidad”.
No es una cuestión técnica: es el corazón del nuevo “orden” que reclaman.
Pero lo importante es que esa agenda no es sólo de Milei. Buena parte de la oposición acepta la premisa: “algo hay que hacer con las leyes laborales de los 70”, “no se puede competir con este costo argentino”, “si no damos señales, no vienen las inversiones”. Cambian adjetivos, dejan alguna conquista en pie, prometen gradualismo, pero sostienen el mensaje estratégico al capital: el precio de la fuerza de trabajo en la Argentina es negociable, pese a que está por el subsuelo. Es el viejo sueño empresario de transformar cada relación laboral en un vínculo siempre revocable y barato.
Pero el dato político más general es que el andamiaje discursivo de esa reforma fue preparado durante años por todas las variantes del “realismo” pro-empresario: gobernadores, tecnócratas, consultores, candidatos, comunicadores que aseguran frente a cámaras o a cualquier micrófono que hay demasiadas “rigideces”, “privilegios” y “anacronismos” de la legislación laboral, y discuten apenas si conviene un hachazo brutal o una cirugía amable. No cuestionan que el salario y los derechos laborales sean la variable de ajuste: discuten la dosificación. Milei va a los golpes, ellos proponen una pedagogía del mismo programa. El consenso es socializar el riesgo en los trabajadores y garantizarle previsibilidad al capital. La discusión pública queda atrapada entre: la motosierra explícita del oficialismo, y los bisturíes prolijos de quienes prometen una cirugía “racional”, pero sobre el mismo cuerpo: los derechos laborales.Dos velocidades, un mismo destino: transferir ingresos y poder desde quienes trabajan hacia quienes mandan.
En este marco, se produjo la renovación de la conducción de la CGT con un nuevo triunvirato —Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio). Son, para millones de laburantes, nombres casi desconocidos. Y ese es el punto: no porque vengan desde abajo, de grandes gestas de lucha, sino porque llegan como una de las patas de la administración del nuevo consenso. Su primera tarea declarada: “negociar” la reforma laboral. Es decir, sentarse en la mesa donde ya se aceptó que el menú es la flexibilización; discutir apenas la guarnición. La dirigencia sindical en los últimos años mató hasta el viejo vandorismo: “golpear para negociar”. Lo cambió por negociar para entregar.
Con el tema del consenso extractivista como política de Estado pasa más o menos lo mismo: Milei exhibe litio, Vaca Muerta, oro, cobre, uranio, como carta de presentación permanente ante inversores y gobiernos extranjeros, reivindicando el RIGI y la alianza estratégica con EE.UU. para minería y energía. Y los gobernadores peronistas y “progresistas” comparten el libreto: la única vía a la “soberanía” sería multiplicar enclaves extractivos con beneficios fiscales, seguridad represiva y externalización ambiental. Las resistencias territoriales —pueblos originarios, asambleas socioambientales, comunidades afectadas— son tratadas como ruido, cuando no como obstáculo “anti-desarrollo”.
Y si vamos al tema “deuda” estamos en la misma: Milei dice pagar hasta que les duela y del otro lado, los más “audaces” dicen “cuestionar” la deuda que el Fondo Monetario otorgó demás, por arriba de la cuota que le corresponde al país. Eso legitima toda una deuda que es odiosa de conjunto.
Sin embargo, mientras acá el “sentido común responsable” nos explica que no hay alternativa a bajar salarios, flexibilizar contratos y regalar recursos, en el corazón del capitalismo aparece otra escena. En Nueva York, Zohran Mamdani —autodefinido como demócrata socialista— acaba de llegar a la alcaldía con un programa que incluye: aumento de impuestos a grandes corporaciones, congelamiento de alquileres para sectores populares, transporte público gratuito o fuertemente subsidiado, expansión de servicios públicos (cuidado infantil, vivienda, alimentos) financiados con esos recursos.
¿Puede cumplir todo? Uno podría decir que si la estrategia es reformar al Partido Demócrata y no se construye una fuerza social y política nueva, ni si quiera ese programa será realizable, pero lo que quiero destacar acá es que en la principal ciudad del país imperialista, se votó masivamente un programa que plantea, al menos en sus enunciados, que parte de la crisis la paguen los de arriba; que los bienes básicos (transporte, vivienda, cuidados) se amplíen como derechos, no se recorten como gastos.
Acá se nos dice que eso es “infantilismo”, “utopía”, “modelo agotado”, y el consenso “realista” se organiza alrededor de cómo ajustar mejor a los de abajo.
Ese es el corazón del problema: la palabra “orden” se usa para encubrir una disputa de clase. El orden macroeconómico que festejan es equilibrio fiscal con salarios disciplinados, tarifas liberadas y deuda honrada, jubilaciones hundidas, garantizado por un aparato sindical dócil y financiado con la explotación intensiva del territorio. La reforma laboral es el manual de instrucciones para consolidar ese orden en los lugares de trabajo. El consenso extractivista le pone geografía: una economía de enclave para pagarle al Fondo, a los bonistas y a los socios locales. Lo presentan como técnica, pero es política concentrada; lo presentan como un orden neutral, pero es un orden de clase.
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Fernando Rosso
Periodista. Editor y columnista político en La Izquierda Diario. Colabora en revistas y publicaciones nacionales con artículos sobre la realidad política y social. Conduce el programa radial “El Círculo Rojo” que se emite todos los jueves de 22 a 24 hs. por Radio Con Vos 89.9.
