El anuncio de un aumento abrupto en los precios de los combustibles en Chile, que en algunos casos alcanzará el 54%, desató una ola de protestas y generó desabastecimiento en numerosas estaciones de servicio del país. La decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast, que busca traspasar íntegramente a los consumidores el impacto del alza internacional del petróleo, ha encontrado un rápido rechazo social y político.
Reacción inmediata y caída en la aprobación
La medida, anunciada el lunes por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvo un efecto inmediato. El miércoles por la noche se registraron cacerolazos en diversos puntos, y protestas estudiantiles interrumpieron brevemente una línea clave del metro de Santiago. Según una encuesta de Cadem, la aprobación del presidente Kast cayó cuatro puntos porcentuales a un 47%, mientras que su desaprobación subió siete puntos, alcanzando el 49%.
Preocupación en sectores clave
El sector del transporte de carga, tradicionalmente cercano al gobierno conservador, expresó su profunda preocupación. «Estamos muy preocupados porque se necesita capital de trabajo para subsistir, y quienes tenemos menos de 10 camiones vivimos del día a día», afirmó José Villagrán, presidente de una asociación gremial de camioneros, quien incluso evaluó la posibilidad de no salir a trabajar.
Por su parte, el Banco Central de Chile advirtió que el incremento se trasladará a los precios internos y elevará «significativamente» la inflación, complicando aún más el panorama económico.
Un ajuste «difícil pero necesario»
El gobierno justificó la medida argumentando que el «gasto irresponsable» de la administración anterior, liderada por Gabriel Boric, no dejó margen para mantener subsidios. «Nosotros hoy día enfrentamos una crisis mundial y una crisis fiscal», declaró Kast, responsabilizando a sus predecesores.
La Sociedad Nacional de Agricultura, a través de su presidente Antonio Walker Prieto, calificó la decisión como «difícil, pero necesaria». No obstante, alertó que la presión sobre los costos de producción y logística podría terminar impactando en el precio final de los alimentos.
Medidas de mitigación y análisis político
Para paliar los efectos, el ejecutivo presentó un paquete que incluye la congelación de tarifas de buses en Santiago, un subsidio para taxistas y una rebaja estacional en el precio del kerosene para calefacción.
Analistas políticos, como Patricio Navia de la Universidad de Nueva York, consideran que el impacto es una «herida autoinfligida» para la nueva administración. «Eliminar los subsidios de golpe equivale a retirar antidepresivos a un paciente y esperar que no haya efectos secundarios», señaló.
La situación revive los fantasmas de las protestas sociales de octubre de 2019, que allanaron el camino para el discurso de orden y seguridad con el que Kast llegó al poder. Ahora, el desafío del gobierno es manejar el malestar económico sin que este se convierta, como teme un votante consultado, en un «infierno».