El juez federal Ariel Lijo avanza en la investigación sobre los viajes en avión privado del vocero presidencial, Manuel Adorni. Según las declaraciones testimoniales obtenidas en la causa, los vuelos con destino a Punta del Este no habrían sido pagados por el propio portavoz, sino por un tercero.
El testimonio clave del piloto
La fuente central de la información provino del piloto que operó la aeronave. En su declaración, el profesional afirmó que la empresa que contrató y abonó el servicio de traslado fue la productora de Marcelo Grandio. Este último es reconocido públicamente como un amigo cercano de Manuel Adorni.
Este dato introduce un elemento nuevo en la pesquisa, que inicialmente se centraba en la procedencia de los fondos utilizados por el vocero para costear ese tipo de transportes de alto valor.
La acumulación de causas y nuevos requerimientos
En un movimiento procesal significativo, el magistrado Ariel Lijo decidió acumular esta nueva causa, que investiga el financiamiento de los vuelos, a la que ya se encontraba caratulada por presunto enriquecimiento ilícito. Ambas indagatorias recaen ahora en un mismo expediente, lo que unifica la investigación sobre la situación patrimonial del portavoz oficial.
Paralelamente, el juez amplió el alcance de la investigación. Mediante un oficio, solicitó formalmente a la Televisión Pública Argentina que remita toda la documentación relativa a los contratos que mantiene con el Estado. Este requerimiento busca establecer si existen vínculos comerciales entre la productora de Grandio y el sector público.
El contexto de la investigación
La causa judicial se originó a partir de denuncias periodísticas y públicas sobre el estilo de vida y los gastos de Manuel Adorni, figura central en la comunicación del Gobierno nacional. La investigación intenta determinar la legitimidad de los ingresos y erogaciones del vocero, en el marco de las declaraciones juradas que presentan los funcionarios públicos.
La aparición de un tercero como supuesto financiador de gastos personales complejiza el panorama y abre un flanco de investigación sobre posibles conflictos de interés o aportes no declarados. Hasta el momento, ni Adorni ni Grandio se han expedido públicamente sobre las últimas novedades judiciales.
El juez Lijo continúa con la recepción de pruebas y testimonios, sin que se hayan formulado cargos contra ninguna de las personas involucradas. El caso mantiene en vilo al ámbito político, en medio de un año electoral donde la transparencia de los funcionarios es un tema de debate recurrente.