El Presidente realizó una cadena nacional para analizar las implicancias del fallo judicial que exime al país de una millonaria indemnización. En su discurso, vinculó el litigio a la expropiación de 2012 y envió al Congreso una iniciativa para modificar la normativa vigente.
El presidente Javier Milei se dirigió a la ciudadanía mediante una cadena nacional para referirse al fallo judicial de Estados Unidos que eximió a la Argentina de pagar una indemnización millonaria en el caso vinculado a YPF. Durante su alocución, el mandatario presentó el resultado como un hecho de trascendencia histórica y destacó la labor de su equipo jurídico y diplomático.
Milei sostuvo que el país logró evitar una condena por 18.000 millones de dólares y vinculó el origen del litigio a la decisión de expropiar la empresa petrolera en el año 2012. En este contexto, afirmó que «expropiar está mal, porque robar está mal», cuestionando aquella medida tomada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El Presidente aseguró que el proceso judicial, iniciado en aquella gestión y perdido en primera instancia durante la administración de Alberto Fernández, puso al país al borde de un compromiso financiero severo. Según su análisis, el caso no solo generó un riesgo económico, sino que también impactó negativamente en la llegada de inversiones durante más de una década.
En el plano institucional, Milei anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para modificar la normativa de expropiaciones. El objetivo declarado de la iniciativa es reforzar la protección de la propiedad privada y evitar que decisiones similares comprometan al Estado argentino en litigios futuros.
El discurso combinó la celebración por el resultado judicial favorable con un análisis político sobre las consecuencias de la expropiación de YPF. Milei elogió a los miembros de su gabinete involucrados en la causa, entre ellos la secretaria Legal y Administrativa, María Ibarzabal Murphy, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La cadena nacional permitió al Gobierno informar sobre el desenlace de un litigio internacional de gran magnitud y, simultáneamente, presentar una reforma legal que se enmarca en su agenda de políticas de Estado.