Ante los incrementos en las expensas, los propietarios e inquilinos cuentan con herramientas legales para revisar, objetar e impugnar las liquidaciones. Un especialista explica el marco normativo y los procedimientos a seguir.
En un contexto de ajustes económicos, las expensas representan un tema de atención para propietarios e inquilinos. La normativa vigente establece con claridad qué puede cobrar un consorcio, cómo deben justificarse los gastos y qué derechos asisten a los propietarios frente a incrementos que consideren injustificados.
Según Enrique Abatti, abogado especialista en Derecho Inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, los propietarios tienen derechos concretos para revisar y cuestionar las liquidaciones. El Código Civil y Comercial distingue entre expensas ordinarias, fijadas por la administración, y extraordinarias, que requieren una decisión previa de la asamblea de propietarios.
El artículo 2067 del mismo código detalla las obligaciones del administrador, que incluyen rendir cuentas dentro de los 60 días del cierre del ejercicio y requerir autorización previa del consejo de propietarios para utilizar el fondo de reserva en gastos imprevistos mayores.
Los propietarios tienen derecho a acceder a la documentación respaldatoria de los gastos. Si se detectan irregularidades, el primer paso es solicitar a la administración y al consejo de propietarios, por medio fehaciente, que subsanen los errores. De no lograrse una solución, se puede iniciar una impugnación formal, solicitando una asamblea extraordinaria. Si esto fracasa, propietarios que representen al menos el 10% del total pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial.
Antes de iniciar cualquier procedimiento, se recomienda comparar los gastos con liquidaciones anteriores, verificar el cálculo del porcentaje correspondiente a la unidad funcional y revisar la categorización de los gastos. Reportes del sector indican que, en períodos recientes, los aumentos de expensas en algunas zonas han superado la inflación oficial.
Si el administrador no atiende los pedidos de información, el propietario puede presentar una denuncia ante el Registro de Administradores de la jurisdicción o ante Defensa del Consumidor. Mientras se tramitan estos reclamos, el propietario puede optar por pagar bajo protesta, reservando el derecho a iniciar acciones judiciales, o consignar judicialmente el pago. Se sugiere consultar con un abogado para evaluar la estrategia más adecuada en cada caso.