A través de un decreto, el gobierno estableció incrementos progresivos que llevaron los salarios de ministros a superar los 8 millones de pesos mensuales, tras un período de congelamiento.
El gobierno nacional dispuso a comienzos de 2026 una recomposición salarial para los altos cargos del Poder Ejecutivo, que incluye al jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios. La medida se formalizó mediante el DNU 931/2025, publicado el 2 de enero, y dejó expresamente fuera al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyos haberes permanecieron congelados.
Según información difundida en diversos medios, el incremento no fue lineal sino progresivo a lo largo de los primeros meses del año. Hasta diciembre de 2025, un ministro percibía un salario bruto de $3.584.006. Con la entrada en vigencia del decreto, en enero ese ingreso prácticamente se duplicó, ubicándose en $7.129.501. En febrero se actualizó a $7.272.091, y en abril —a cobrarse en mayo— alcanzó los $7.902.331. La proyección para mayo indica que los salarios escalarían a $8.020.866, consolidando una suba superior al 120% en cinco meses.
El mecanismo estableció, además, que los salarios de estos funcionarios quedarán atados a las actualizaciones de la administración pública nacional, lo que explica los incrementos sucesivos luego del salto inicial de enero.
Según la explicación oficial recogida por distintos medios, la decisión respondió a la presión interna generada por la pérdida de cuadros técnicos y funcionarios que migraban al sector privado ante la brecha salarial. En ese sentido, la recomposición buscó equiparar parcialmente los ingresos del gabinete con los niveles del mercado, tras un período de aproximadamente dos años de congelamiento.
Hacia el segundo trimestre del año, los ministros comenzaron a percibir ingresos cercanos a los 8 millones de pesos mensuales, mientras que los secretarios superaron los $7,3 millones y los subsecretarios rondaron los $6,6 millones. El jefe de Gabinete quedó equiparado a los ministros.
La magnitud de estas cifras cobró relevancia en comparación con otros salarios del sector público y privado, ampliamente inferiores, lo que generó debate político sobre la medida. La decisión adquirió especial notoriedad por el contraste con el discurso de austeridad que caracterizó la campaña presidencial de Javier Milei, centrada en la reducción del gasto público y del tamaño del Estado.