El Superior Tribunal de Justicia dispuso una auditoría de 60 días en los equipos que asesoran a los juzgados de Comodoro Rivadavia, tras la muerte de un menor de 4 años. El juez que resolvió la tenencia continúa en su cargo.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó este martes la intervención y auditoría por 60 días del Equipo Interdisciplinario (ETI) de la Circunscripción Judicial N° II de Comodoro Rivadavia. La medida se da en el contexto del caso de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años que falleció por múltiples golpes, y cuyos progenitores están detenidos.
Según datos del propio tribunal, durante 2025 ingresaron 2.209 expedientes a los juzgados de familia de Comodoro Rivadavia. El 60% de las causas iniciadas en estos juzgados son por violencia familiar. El informe del STJ señala un aumento en la complejidad de los casos y una sobrecarga estructural que impacta en los tiempos de respuesta y en el personal.
La intervención, a cargo de la jueza de Cámara María Marta Nieto, alcanza específicamente a los equipos interdisciplinarios que dependen del Poder Judicial, formados por psicólogos y trabajadores sociales. No incluye al juez de familia N° 4, Pablo José Pérez, quien resolvió entregar la tenencia del niño a su madre biológica. Tampoco alcanza al Servicio de Protección de Derechos (SPD), que es manejado por el municipio.
En paralelo, un abogado presentó una denuncia contra dos psicólogas cuyos informes habrían favorecido a la madre en el proceso de tenencia. Una de ellas, Jennifer Leiva, trabaja en el SPD, por lo que queda fuera del alcance de la intervención judicial.
Datos oficiales indican que el ETI de Comodoro Rivadavia realizó en 2025 un total de 119 intervenciones virtuales, cifra que casi triplica las 43 del año anterior y supera las 115 visitas a domicilio. En declaraciones fiscales, una vecina de la madre afirmó que esta enviaba fotos y videos de una casa familiar en Córdoba para cumplir con los seguimientos virtuales, lo que sugiere que no se verificaron en persona las condiciones de vida del menor.
Fuentes del sistema judicial, que prefirieron mantener el anonimato, describieron la situación como «colapsada» y señalaron que la acumulación de casos y la falta de recursos humanos constituían una «bomba de tiempo». La continuidad del juez Pérez en el cargo solo podría ser evaluada mediante un proceso a cargo del Consejo de la Magistratura.