En un encuentro federal, autoridades sanitarias de 18 jurisdicciones criticaron el proyecto oficial, advirtiendo sobre retrocesos en derechos y desfinanciamiento del sistema.
En el marco del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), se realizó el 3° Encuentro Federal de Salud Mental, con la participación de 15 mil asistentes. El evento se desarrolló en un contexto de emergencia en salud mental, caracterizado por un aumento sostenido de los padecimientos en todo el país. Durante la jornada se analizaron datos correspondientes a 2025 que evidencian un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria.
Participaron autoridades sanitarias de 18 provincias: La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis. Los representantes señalaron que la situación no ha mejorado, sino que ha empeorado, reflejando una mayor presión sobre el sistema público de salud en un escenario de fuerte desfinanciamiento por parte del Estado nacional.
Expresaron, además, una profunda preocupación por la problemática del suicidio y el deterioro en las condiciones de acceso a la atención. Se destacó la necesidad de analizar la situación en relación con el contexto social actual, marcado por el ajuste económico y el incremento de las desigualdades, factores que impactan directamente en los padecimientos de la población.
En relación con el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, las autoridades expresaron un enérgico rechazo. Advirtieron que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente.
Señalaron que ninguna de las provincias fue consultada en el proceso de elaboración del proyecto, lo que consideran una vulneración de los principios básicos del federalismo sanitario y un desconocimiento del trabajo sostenido de las jurisdicciones. En este sentido, plantearon la urgente necesidad de reactivar el COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones) como ámbito institucional de debate y construcción colectiva de políticas públicas.
Durante el encuentro, las autoridades acordaron:
- Fortalecer instancias federales de trabajo y decisión acordes a la magnitud de la situación actual.
- Impulsar la elaboración de estudios epidemiológicos federales y guías clínicas de buenas prácticas, especialmente para la atención de urgencias en infancias y juventudes, en articulación con universidades nacionales.
- Reconocer que los padecimientos en salud mental tienen impactos de mediano y largo plazo y requieren políticas sostenidas en el tiempo.
