Los principales acusados en la investigación por el robo de anestésicos del Hospital Italiano optan por no hablar con los medios y concentrar sus argumentos en escritos judiciales, donde cuestionan la falta de pruebas directas.
Los principales involucrados en la causa que investiga la presunta sustracción de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires han adoptado una postura común: evitar las declaraciones públicas y canalizar su estrategia exclusivamente a través de presentaciones judiciales. Esta decisión se da en el marco de la apelación a los procesamientos dictados por el juez Javier Sánchez Sarmiento.
Los imputados Hernán Boveri, Delfina ‘Fini’ Lanusse y Chantal ‘Tati’ Leclercq han modificado sus defensas legales en las últimas semanas. Boveri, anestesiólogo procesado por administración fraudulenta, está ahora representado por el penalista Ramiro Lucini. Por su parte, Lanusse cuenta con la defensa de Claudia Balbín, abogada con amplia trayectoria en el fuero penal.
En los escritos de apelación a los que tuvo acceso Semana Sur, las defensas sostienen una línea argumental común. Critican la falta de prueba directa que sustente las acusaciones y afirman que el expediente se basa en ‘conjeturas, inferencias y apreciaciones subjetivas’, así como en una ‘cadena de rumores’. Ambos plantean que nadie presenció los hechos que se les atribuyen.
Los letrados centraron sus críticas en el rol de una persona mencionada en la causa como ‘Mechi’ o ‘Pichu’ S., a quien señalan como el origen de una narrativa que luego se amplificó a través de comentarios informales dentro del ámbito profesional.
En su presentación, la defensa de Boveri calificó el procesamiento como ‘arbitrario y nulo’, argumentando que es ‘prematuro’ y carente de hechos concretos acreditados. La de Lanusse, en tanto, cuestionó el procedimiento de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba), describiéndolo como ‘irregular’. Además, incorporó al expediente un informe psicológico que indica que Lanusse no presentaba un consumo problemático de drogas.
La causa, que tomó estado público hace aproximadamente un mes, investiga el delito de administración fraudulenta por el robo del anestésico propofol. El caso se desarrolla en un contexto marcado por la conmoción generada tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, investigada en un expediente separado.