Mientras el Presidente Javier Milei continúa su gira por Israel, en el ámbito local se desarrollan proyectos legislativos, movimientos en el Poder Judicial y causas judiciales que involucran a figuras de distintas fuerzas políticas.
El intendente y senador bonaerense Mario Ishii presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires. En el texto, sostiene que el gobierno provincial tiene «la obligación jurídica de intervenir» ante la situación social.
En el ámbito judicial, el Gobierno tiene la posibilidad de designar nuevos magistrados en la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, un tribunal clave en causas de corrupción. Este proceso pasa por la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Juan Carlos Pagotto.
Por otro lado, la Justicia porteña avanzó con declaraciones indagatorias en una causa originada por una denuncia del diputado nacional Sebastián Pareja contra tuiteros, por supuestas amenazas. Este caso ha generado debates internos dentro de La Libertad Avanza.
En el Congreso, el Ministerio de Salud envió al Senado un proyecto que modifica aspectos centrales de la ley de emergencia en discapacidad sancionada el año pasado, reabriendo una discusión legislativa.
Además, la legisladora porteña Graciela Ocaña solicitó la intervención de la Superintendencia de Servicios de la Salud en la Obra Social de Choferes de Camión (Oschoca), tras una publicación periodística sobre transferencias financieras.
En Chaco, el fiscal general Carlos Amad pidió el procesamiento del exgobernador Jorge Capitanich y de la exfuncionaria Marta Soneira, por delitos como fraude y lavado de activos en una causa por la cesión de tierras. La decisión final recae en el juez Fernando Carbajal.