Un operativo federal coordinado por la Justicia y la Policía Federal Argentina resultó en 35 detenidos y el secuestro de 120 armas, municiones y explosivos, en el marco de una investigación sobre una asociación ilícita que utilizaba testaferros para adquirir armas legalmente y desviarlas al mercado negro nacional e internacional.
Tras dos años de investigación y más de cuatro años de operaciones, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, y el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal, desarticularon una red dedicada al tráfico de armas. El operativo, ordenado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, incluyó 140 allanamientos en todo el país y concluyó con 35 detenidos (31 hombres y cuatro mujeres).
Entre los detenidos se encuentran 16 exempleados del Registro Nacional de Armas (Renar), gestores, mandatarios, dueños de armerías, instructores de tiro y un oficial de la Policía de la Ciudad. Se secuestraron 120 armas, entre ellas escopetas calibre 12/70, pistolas calibres 9mm, .45 y .22, revólveres calibre .32, .38 y .357, ametralladoras calibre 9 mm tipo PAM, pistolones, carabinas calibre .22 y fusiles calibre .308. También se incautaron una granada FMK-2, decenas de cargadores, más de 43.000 municiones de distinto calibre y una máquina de recarga de municiones.
Los allanamientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Santa Fe, San Luis, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Salta, Tierra del Fuego, Misiones y Chubut. Participaron 193 brigadas policiales con 772 efectivos desplegados.
La investigación reveló que la organización utilizaba legítimos usuarios de armas como testaferros para comprar pistolas, escopetas y revólveres en armerías. Luego, estas armas eran transferidas al mercado negro local o exportadas ilegalmente a Chile, Uruguay y, presuntamente, Brasil. Según la documentación judicial, se identificaron 743 armas involucradas dentro del circuito investigado y otras 1.526 por fuera, sumando un total de 2.269 armas, en su mayoría pistolas Bersa, Glock y Taurus.
El método consistía en que un legítimo usuario compraba una o más armas en una armería, las cedía a la organización, que limaba la numeración y las vendía a un precio mayor en el mercado negro. Los responsables de las armerías centralizaban las compras y participaban en las transferencias. Gestores e instructores de tiro certificaban los trámites y los certificados de aptitud, incluyendo aptos médicos y psicológicos para usuarios irregulares. Algunos detenidos actuaban como captadores, ofreciendo dinero a personas de bajos recursos para que actuaran como prestanombres.
El operativo fue uno de los más impactantes contra el tráfico de armas en Argentina en los últimos tiempos, con ramificaciones internacionales. Las autoridades continúan investigando para determinar el destino final de las armas y desarticular por completo la red criminal.