El jefe de Gabinete enfrenta cuestionamientos judiciales por pagos sin factura y remodelaciones en su casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
El escándalo que rodea al Gobierno, centrado en la figura de Manuel Adorni, suma nuevas dimensiones con el paso de las semanas. Este lunes, se conocieron detalles sobre otros gastos del jefe de Gabinete: 245.000 dólares pagados a un contratista sin pedir factura, quien se encargó de remodelar y mejorar la casa en el Country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
La estrategia de argumentación del oficialismo no contempla que se trata de una causa judicial cuyos testigos están obligados a decir la verdad, bajo riesgo de imputación por falso testimonio. Las respuestas ante la prensa, como negar la existencia de más gastos o alegar un único viaje, resultan insuficientes ante la documentación presentada en el tribunal de Ariel Lijo y la investigación del fiscal Gerardo Pollicita.
El documento que Matías Tabar presentó ante la Justicia enumera las entregas de dinero hechas por Adorni a cambio de modificaciones en el inmueble. El listado incluye algunas excentricidades, como la instalación de una pileta de mármol travertino y una cascada, que han generado comentarios en las últimas horas.
Más allá de lo anecdótico, existen varios niveles de complejidad en este tema. El primero es la dificultad de Adorni para comprender el problema. Al ser interrogado sobre el viaje a Punta del Este, alegó que se trataba de una cuestión de vida privada. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados, el legislador Rodolfo Tailhade lo increpó por el uso que su familia hace de la custodia policial de la Policía Federal Argentina (PFA).
La respuesta de Adorni se repite: cuestiones de la vida privada. Sin embargo, al tratarse de una custodia financiada con recursos públicos, ni el periodismo ni Tailhade se metieron en su vida privada; es él quien utiliza recursos públicos en su casa. Esto constituye un acto de corrupción dentro de un Gobierno que ha declarado la moral como política de Estado.
La confusión entre lo público y lo privado revela una falta de cultura política en varios funcionarios. A ello se suma otra dimensión argumental. Un artículo de Paz Rodríguez Niel para LA NACION ilustra esta arista: el lunes por la mañana, Adorni aseguró que no contestaría afirmaciones periodísticas, incurriendo en un lugar común dentro de la administración Milei: la deslegitimación del periodismo. Tampoco se prestó a hablar sobre las actuaciones judiciales, alegando respeto a la división de poderes.
El abogado constitucionalista Alejandro Carrió señala que no existen impedimentos para que el jefe de Gabinete brinde explicaciones. Una respuesta coherente podría beneficiar a su persona, a su familia y al Gobierno. La Justicia tardará en expedirse sobre su inocencia o culpabilidad, pero su falta de respuestas deteriora a la administración de la que forma parte.
Hasta ahora, parecía que existían razones políticas para cuidar a Adorni y evitar su renuncia, como no entregar una pieza importante a la oposición o ceder terreno a Santiago Caputo, quien quiso ser jefe de Gabinete tras la salida de Guillermo Francos. Parte de la denuncia por enriquecimiento ilícito, incluyendo una casa de fin de semana, proviene de la diputada Marcela Pagano, una figura crítica del Gobierno que participó en La Libertad Avanza y ahora lo enfrenta.
La política no alcanza para explicar el problema. La aparición de los 245.000 dólares para arreglos considerados «delirantes» siembra interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos.