El organismo internacional citó una resolución de la CIDH que establece estándares de derechos humanos para las decisiones económicas del Gobierno.
Amnistía Internacional emitió un comunicado este miércoles en el que alerta sobre el impacto del ajuste fiscal en Argentina, especialmente luego de la multitudinaria marcha universitaria del martes. La organización señaló que la Resolución 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resulta relevante para el país, ya que establece que las decisiones sobre impuestos, presupuesto, gasto público y deuda deben evaluarse bajo estándares de derechos humanos.
“La Resolución 2/26 resulta especialmente relevante para Argentina, en un contexto de ajuste fiscal sostenido y profundización de los recortes sobre áreas sensibles”, indicó Amnistía en el texto difundido. Asimismo, recordó que la marcha federal universitaria evidenció las consecuencias concretas de esa política, con estudiantes, docentes y organizaciones movilizados en todo el país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.
El organismo también mencionó las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como un ejemplo de cómo el uso ineficiente de recursos públicos puede afectar a personas que dependen de prestaciones estatales. “Sin recursos no hay derechos y sin derechos no hay desarrollo posible”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
La Resolución 2/26, impulsada por la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, establece que cualquier retroceso en derechos debe ser excepcional, temporal, necesario y no discriminatorio. Además, señala que la corrupción puede constituir una violación de derechos humanos cuando desvía recursos destinados a grupos vulnerables.
En este contexto, la Decisión Administrativa 20/2026, publicada el 11 de mayo, dispuso recortes presupuestarios en áreas del Ministerio de Capital Humano, incluyendo 55.465 millones de pesos en programas de niñez y familia, y 78.711 millones en educación. El Gobierno nacional también redujo 78.768 millones de pesos en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura universitaria.