La Fiscalía colombiana identificó un esquema fraudulento que utilizaba empresas ficticias y habitantes de la calle como socios para desviar recursos públicos destinados al sector del reciclaje en varias ciudades.
La Fiscalía de Colombia desarticuló una red de corrupción en el sector del reciclaje que, bajo el nombre de “cartel del reciclaje”, simulaba la existencia de empresas a través de asociaciones de recicladores y utilizaba a habitantes de la calle como aparentes empresarios para desviar fondos públicos.
Según informó la revista Semana, el mecanismo del fraude consistía en crear empresas de papel y facturas ficticias respaldadas por documentos legales falsos, lo que permitía apropiarse de recursos destinados a servicios esenciales y subsidios estatales.
Estas entidades inexistentes, con representantes legales provenientes de poblaciones vulnerables, presentaban documentos y facturas apócrifas ante la Superintendencia de Servicios Públicos (SSP), logrando desviar más de $6.800 millones de pesos en tres ciudades. El esquema implicaba la recolección y gestión de materiales reciclables que nunca ocurrieron.
La legislación colombiana autoriza a asociaciones de recicladores a constituir empresas que gestionen residuos y facturen el servicio. El fraude, destapado por la SSP, consistía en diseñar Estaciones Clasificadoras de Aprovechamiento (ECA) que no existían físicamente, junto con la presentación de cobros irregulares amparados por facturación falsa. Los representantes legales de estas empresas, según la investigación, solo figuraban en los documentos y no tenían injerencia real en los negocios.
Alcance del fraude y ciudades impactadas
Las operaciones del “cartel del reciclaje” iniciaron en Duitama, Sogamoso y Tunja, en Boyacá, donde la Fiscalía determinó cobros ilegales cercanos a los 7.000 millones de pesos. Las investigaciones advierten que el mecanismo corrupto podría haberse replicado en otros territorios, incluido Bogotá, aprovechando debilidades en los controles internos de la SSP.
El expediente judicial documenta que los recorridos de recolección reportados eran ficticios, ya que los camiones permanecían en sus municipios y no realizaban traslados reales. Vecinos afectados confirmaron la inexistencia de un servicio visible ni vehículos operativos en las zonas declaradas. Además, muchas bodegas supuestamente registradas resultaron ser inexistentes, sin cumplir con las dimensiones legales exigidas, y los predios permanecían cerrados y sin actividad detectable.
Habitantes de la calle y manipulación de identidad
Entre los aspectos centrales del caso está el uso de la identidad de mujeres en situación de vulnerabilidad para dar apariencia de legalidad al fraude. Ecovisionarios y Reciplanet fueron dos empresas fachada investigadas; entre sus supuestas socias figuraban una habitante de la calle y una cabeza de hogar registrada en el Sisbén en condición de pobreza extrema.
De acuerdo con los documentos de la Fiscalía, ambas se presentaban como responsables de pagar más de 40 millones de pesos mensuales por reciclaje, suma completamente ajena a su realidad socioeconómica. La mujer registrada como cabeza de hogar fue capturada, mientras que la habitante de la calle, según testimonios, desconocía el uso de su nombre en los trámites.
Un habitante de Río Chiquito, en Sogamoso, comunicó a los agentes de la unidad de policía judicial CTI que la supuesta socia permanecía en situación de calle y era consumidora de sustancias psicoactivas. Los registros sobre domicilio, actividad comercial y residencia fueron falsificados, lo que facilitó la prolongación del esquema hasta la intervención de las autoridades.
Avance judicial y ramificaciones del escándalo
La Fiscalía de Colombia reportó la captura de cinco personas, incluidas las que se desempeñaban como representantes legales de empresas fachada y quienes suscribieron las facturas falsas de asociaciones de recicladores. El proceso continúa e investiga eventuales responsabilidades dentro de la Dirección Técnica de Gestión de Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos, así como a los funcionarios de las empresas públicas que validaron los pagos.
El expediente recoge cargos por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y alteración de elementos materiales probatorios.