El diputado nacional Martín Ardohain (PRO) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica el Código Penal para endurecer las penas por delitos cometidos en el ámbito rural, incluyendo daños a cultivos, instalaciones e infraestructura tecnológica.
En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto de ley impulsado por el diputado nacional Martín Ardohain (PRO), presidente de la Comisión de Agricultura, que propone modificaciones al Código Penal para castigar con penas de hasta ocho años de prisión hechos como daños sobre cultivos, instalaciones rurales e infraestructura tecnológica utilizada en la producción agropecuaria. La iniciativa cuenta con las firmas de los diputados Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y Fernando De Andreis, entre otros.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal. Allí se establece que será reprimido “con prisión de un (1) mes a un (1) año” quien ingrese a un establecimiento rural “contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”. El texto aclara que “se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”. Se incorporan excepciones: no se configurará delito cuando el ingreso responda a “una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.
Otro eje del proyecto es la creación del artículo 184 bis, que endurece las penas para quienes provoquen daños sobre bienes vinculados a la producción agropecuaria. La iniciativa establece penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado para quienes destruyan o dañen cereales, oleaginosas, silobolsas, cultivos, ganado, instalaciones rurales o productos durante su transporte. La pena mínima se eleva al doble si el autor es funcionario público o se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria. La propuesta incluye daños sobre “paneles solares, bombas sumergibles, generadores o sistemas de riego”, además de “alambrados, tranqueras, silos, corrales o reservas hídricas”.
En los fundamentos, Ardohain sostuvo que “el campo argentino está siendo afectado por modalidades delictivas que la ley hoy ignora o minimiza, dejando al productor en un estado de absoluta indefensión”. También afirmó que “la destrucción de la infraestructura tecnológica estratégica se pretende juzgar con herramientas del siglo pasado”. Según argumentó, la propuesta busca “adecuar y actualizar las normas penales para dar una respuesta sistémica, eficaz y moderna a una problemática que impacta directo en el tejido social y económico del país”. En otro pasaje, sostuvo que “la destrucción de un silobolsa o el daño a los cultivos no es un simple acto vandálico; es un ataque directo al esfuerzo de inversión y a la capacidad exportadora del país”.
El proyecto también modifica el artículo 209 del Código Penal sobre instigación pública. Se propone elevar las penas cuando la convocatoria a cometer delitos se realice “a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales”. El proyecto argumenta que las plataformas digitales permiten “la difusión instantánea de coordenadas geográficas exactas por GPS, mapas o datos satelitales”, lo que podría facilitar “ataques materiales simultáneos, masivos y sistemáticos contra diversos establecimientos agropecuarios”.
Hacia el cierre de los fundamentos, Ardohain afirmó que la reforma “no busca crear privilegios sectoriales, sino restablecer el imperio de la ley, la certeza jurídica y la protección de la libertad y el trabajo en el ámbito rural argentino”.