El oficialismo intenta acordar con bloques dialoguistas para tratar el jueves el pago a fondos buitres y el proyecto de propiedad privada, en medio de tensiones por la decisión del Gobierno de vetar la postulación de la jueza Verónica Michelli.
Buenos Aires, 31 de mayo (NA).- La Libertad Avanza buscará un acuerdo con los bloques dialoguistas para sesionar este jueves, con el objetivo de aprobar el pago a fondos buitres, el proyecto de propiedad privada y unos 70 pliegos judiciales. La decisión del Gobierno de vetar la postulación de la jueza Verónica Michelli generó una grieta en la coalición oficialista.
El oficialismo, liderado por Patricia Bullrich, tenía previsto sesionar el jueves 4 de junio para votar dos iniciativas y avalar a 73 candidatos a jueces, defensores y fiscales. Sin embargo, la movida contra Michelli puso en duda el tratamiento de las designaciones judiciales.
La solicitud del Gobierno de retirar el pliego de Michelli, cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon, generó rechazo entre los aliados, quienes respaldan su postulación. Por este motivo, el temario definitivo de la sesión se definirá en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, según fuentes parlamentarias consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.
Los opositores respaldan el pago a dos fondos buitres y el dictamen sobre inviolabilidad de la propiedad privada, pero expresaron malestar por el manejo gubernamental de las postulaciones judiciales.
Pliegos judiciales
El Senado puede tratar 73 de los 77 pliegos propuestos por el Gobierno. Además del de Michelli, están en duda las postulaciones de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania para el Tribunal del Fuero Penal Económico, y la de Juan Manuel Mejuto para la Cámara en lo Criminal y Correccional de Capital.
La controversia se centra en el pliego de Michelli, luego de que el Gobierno vetara su postulación por su parentesco con Alconada Mon, quien investigó la megaestafa Libra y denuncias de corrupción en Andis. El PRO y la UCR, principales aliados del Gobierno, rechazaron la decisión y advirtieron que insistirán con la aprobación del ascenso de Michelli al Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.
“Desde el @proargentina sostenemos su postulación”, afirmó el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, firmante del dictamen de la comisión de Acuerdo del Senado a favor de la funcionaria judicial. “La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones. Frenar el proceso en esta etapa, por motivos que aún se desconocen, genera desprolijidad institucional”, sostuvo.
El presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Paggoto, que responde a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, aún no presentó el despacho en Mesa de Entradas, por lo que no puede tratarse en el recinto. Firmaron el despacho los radicales Carolina Losada, Mariana Juri y Maximiliano Abad; la salteña Flavia Royon; las tucumanas Sandra Mendoza y Beatriz Avila; el misionero Carlos Arce; y el correntino Carlos Espínola.
Para votar el retiro del pliego en el recinto, La Libertad Avanza necesita mayoría, pero sin los bloques dialoguistas no cuenta con los votos suficientes, por lo que es probable que el pedido del Gobierno no se trate en la sesión del jueves.
Fondos buitres
El oficialismo busca tratar el acuerdo de conciliación alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita cercana al 30% en las sumas adeudadas. El Estado argentino deberá pagar 67 millones de dólares a la firma Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por Attestor Value Master Fund LP, totalizando 171 millones de dólares. Estos fondos son los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda tras el default de 2001.
Propiedad privada
El proyecto de propiedad privada elimina los topes para que extranjeros compren tierras, reforma la ley de desalojos, expropiaciones y del manejo del fuego. En el caso de las tierras, se eliminan los topes pero se deja en manos de las provincias la potestad de aprobar las ventas. En la ley de desalojos, se distingue entre usurpadores, a quienes se aplicará un juicio sumarísimo, y aquellos que se demoraron en el pago, para quienes se establecerá un plazo de 10 días para intimar al moroso, en lugar de cinco como proponía el Gobierno. Respecto a la ley del Manejo del Fuego, Bullrich declaró: “El objetivo de esta ley es buscar un acuerdo entre las propuestas que trajeron distintos expertos y los bloques, salir de una visión centralista y, como se hizo con Glaciares, dejar a las provincias decidir de acuerdo a la realidad y potestad de cada provincia”.