El Ministerio de Desregulación, la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas promueven un marco normativo basado en la ley de 1973 para regular el uso de semillas y aumentar la productividad del campo.
La industria de las semillas y los productores agrícolas argentinos se encuentran en una etapa de negociación para establecer un acuerdo sobre propiedad intelectual y uso de semillas, según informaron fuentes oficiales y del sector. El objetivo es generar un marco normativo moderno y perdurable que permita aumentar la producción.
El Gobierno, a través del Ministerio de Desregulación, la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas, impulsa la iniciativa sin derogar la ley de semillas de 1973. La administración actual acordó con Estados Unidos adherir al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov-91), tal como lo solicitaban los semilleros y titulares de derechos de propiedad intelectual.
El martes próximo, las autoridades se reunirán con las partes para avanzar en la resolución del conflicto. Los semilleros buscan que la Mesa de Enlace, que agrupa a la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas, acepte regirse por el Upov-91. Sin embargo, en Brasil, Uruguay y Paraguay este convenio no rige por completo.
Entre las entidades de la Mesa del Campo, Coninagro es la más permeable a la demanda de los semilleros, debido a que integra cooperativas con producción de semillas, como la Asociación de Cooperativas Argentinas. Esto implica que la posición de los semilleros no solo concierne a empresas extranjeras, sino también a empresas nacionales.
Un punto de partida del acuerdo sería someter a reglas estrictas de fiscalización las nuevas variedades de semillas. Actualmente, la comercialización formal de semillas de soja no supera el 50%, según estimaciones de los semilleros. Las llamadas “bolsas blancas” se venden a menos de 20 dólares por unidad, frente a los 40 dólares en el mercado legal.
Especialistas señalaron que las ganancias genéticas en Brasil avanzan al 2,8% anual, mientras que en Argentina son del 1,2% al 1,5% anual. Este rezago se atribuye a la falta de respeto a los derechos intelectuales, lo que genera reticencia de los obtentores a compartir nuevos avances tecnológicos.
Fuentes gubernamentales y privadas indicaron que un acuerdo podría añadir unos 4000 millones de dólares anuales a la producción del campo argentino.