El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa condenó a un personero de una organización política por sustraer 261 cédulas de sufragio tras el cierre de la segunda vuelta presidencial 2026. La sentencia se emitió en menos de 48 horas mediante un procedimiento especial por flagrancia.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa condenó a Miguel Tupayachi, personero de una organización política, por sustraer 261 cédulas de sufragio luego del cierre de las votaciones de la segunda vuelta presidencial 2026. La sentencia fue emitida menos de dos días después del hecho, en el marco de un procedimiento especial por flagrancia.
Miguel Tupayachi admitió su responsabilidad durante la audiencia judicial y aceptó acogerse a una terminación anticipada del proceso. Como resultado, recibió una condena de cuatro años de pena privativa de libertad, convertida en 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios, además del pago de una reparación civil.
De acuerdo con la resolución judicial, Tupayachi fue hallado responsable del delito de atentado contra el derecho de sufragio, tras comprobarse que retiró indebidamente material electoral de la institución educativa Mario Vargas Llosa, ubicada en el distrito arequipeño de Mariano Melgar. Los hechos ocurrieron después del conteo de votos correspondiente a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.
Durante la audiencia, el imputado reconoció los hechos, lo que permitió aprobar un acuerdo de terminación anticipada, mecanismo que acelera la conclusión de procesos penales cuando existe aceptación de responsabilidad. La Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Arequipa informó que la sentencia fue posible gracias a diligencias inmediatas, como la recopilación de declaraciones de coordinadores de la ONPE y testimonios de otras personas vinculadas a la jornada electoral.
Las autoridades determinaron que la sustracción de las cédulas no modificó el resultado de la votación en la mesa involucrada ni afectó el cómputo oficial, ya que las cédulas ya habían sido contabilizadas previamente por los miembros de mesa y las autoridades electorales. Además de la condena convertida en jornadas de trabajo comunitario, Tupayachi cumplió con el pago de S/ 2.000 por concepto de reparación civil a favor de la Procuraduría Pública de la ONPE.