El magistrado Leo Sorokin determinó que el cobro constituye un impuesto no autorizado por el Congreso y ordenó suspender su aplicación.
Un juez federal de Estados Unidos anuló la cuota de US$100.000 que la administración de Donald Trump había establecido para nuevas solicitudes de visas H-1B. La decisión fue tomada por el magistrado Leo Sorokin, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, quien consideró que el cobro constituye un impuesto y no una tarifa administrativa, por lo que el Poder Ejecutivo carecía de autorización del Congreso para imponerlo.
Según informó Courthouse News, en una sentencia de 42 páginas emitida el 8 de junio de 2026, Sorokin rechazó el argumento del gobierno de que el monto era un “pago regulatorio” destinado a cumplir objetivos de política migratoria. El juez sostuvo que la naturaleza y aplicación práctica de la cuota demostraban que se trataba de un impuesto, independientemente del nombre utilizado por las autoridades.
La controversia se originó en septiembre de 2025, cuando Trump anunció mediante una proclamación presidencial que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigiría el pago de US$100.000 por cada nueva petición de visa H-1B. La medida formó parte de una estrategia para restringir vías de inmigración y, según la Casa Blanca, buscaba incentivar la contratación de trabajadores estadounidenses.
La demanda fue presentada en diciembre de 2025 por una coalición de fiscales generales liderada por California y acompañada por otros 19 estados. Los demandantes argumentaron que la cuota superaba ampliamente los costos reales de procesamiento y creaba una barrera económica para instituciones como universidades públicas, hospitales y sistemas escolares que dependen del programa H-1B para cubrir puestos especializados.
El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó al anunciar la demanda que el impacto para los empleadores del estado sería significativo, dado que California enfrenta escasez de maestros, enfermeros y médicos. Sorokin consideró acreditado que la cuota dificultaba la contratación de personal en sectores esenciales y que podría agravar la falta de trabajadores en áreas estratégicas.
El DHS cuestionó la decisión y calificó el fallo como “activismo judicial”. Un portavoz del departamento sostuvo que los cambios en el programa buscaban proteger la integridad del sistema y preservar oportunidades laborales para trabajadores estadounidenses. Hasta que el gobierno federal decida apelar, deberá modificar la implementación de la norma y dejar sin efecto la cuota de US$100.000 para nuevas visas H-1B.