El consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus obtuvo la concesión de la Vía Navegable Troncal por 25 años. El contrato prevé ingresos por US$ 15.660 millones y busca mejorar la logística de exportación.
El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía) al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus. La decisión fue confirmada ayer por el Ejecutivo, que enmarcó la medida dentro de su programa de privatizaciones.
La Hidrovía es el principal corredor logístico de la Argentina. Por ella circula cerca del 80% del volumen de exportaciones del país, equivalentes a unas 100 millones de toneladas anuales. También concentra alrededor del 90% de las exportaciones agroindustriales y del transporte de contenedores. En 2025, la agroindustria exportó US$ 51.070 millones, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones alcanzaron los US$ 17.095 millones.
El proceso licitatorio incluyó tres oferentes. Jan De Nul-Servimagnus resultó la oferta recomendada y finalmente adjudicataria. DEME quedó en segundo lugar. DTA Engenharia fue declarada inadmisible por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta exigida. En el dictamen, Jan De Nul-Servimagnus acreditó antecedentes por 210,56 millones de metros cúbicos dragados, mientras que a DEME se le aceptó como antecedente principal el Canal Martín García, por 31,5 millones de metros cúbicos.
El consorcio conformará una sociedad denominada Vía Navegable Argentina, que tendrá a cargo la operación, el mantenimiento, el dragado, la señalización y las obras previstas en el contrato. Según comunicaron las empresas, el proyecto generará empleo directo e indirecto para más de 600 familias.
Wim Bosteels, apoderado de Jan De Nul, afirmó: “Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad de la Argentina y para el desarrollo de sus cadenas productivas”. Por su parte, Marcos De Vincenzi, de Servimagnus, sostuvo que la propuesta se apoya en “la inversión privada, la utilización de equipamiento propio, el cuidado del ambiente, un equipo profesional altamente calificado y una inédita transferencia tecnológica”.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), calificó la adjudicación como “un hito histórico para la logística internacional de la Argentina”. En un video difundido por CIARA, señaló que la medida “implica una transformación sideral de las condiciones de navegación y conexión con el mundo, con nuestras exportaciones agroindustriales”. Además, destacó la importancia de que el proceso se ponga en marcha en el corto plazo para avanzar en las mejoras previstas, como alcanzar “los 40 pies deseados en los próximos años sin ningún tipo de impedimentos”.
El contrato tiene una duración de 25 años. En el plan económico financiero presentado por Jan De Nul-Servimagnus, el oferente declaró ingresos anuales promedio por US$ 626,4 millones. Los ingresos proyectados al término de la concesión ascienden a US$ 15.660 millones. La mayor parte corresponde al tramo Santa Fe-Océano, con US$ 14.766,1 millones proyectados. El tramo Santa Fe al Norte suma US$ 830,5 millones y el cabotaje, US$ 63,3 millones. El total informado supera en US$ 1.463,7 millones al modelo de referencia del pliego, lo que representa una diferencia de 10,3%.
El oferente proyectó un crecimiento acumulado del tráfico internacional de 38,1% durante el período de concesión. Para el cabotaje estimó una suba de 28,2%, mientras que para Santa Fe al Norte prevé un avance de 52,4%.
La Hidrovía atraviesa las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. La gobernanza del sistema, la información pública y la participación de usuarios y provincias serán aspectos a considerar durante la ejecución del contrato, que será operado por privados pero auditado por el Estado en obras, profundidad, calidad del dragado, señalización, tarifas y cumplimiento de plazos.