Especialistas consultados señalan que el cambio de rumbo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, con equilibrio fiscal, apertura comercial y desregulaciones, marcó un incipiente punto de inflexión en el interés inversor.
La Argentina registró en lo que va del siglo XXI un bajo nivel de inversión privada, tanto local como extranjera, que se reflejó en la ausencia de un crecimiento sostenible y en el estancamiento del Producto Bruto Interno. Tras el estallido de la convertibilidad a fines de 2001, los sucesivos gobiernos acumularon incumplimientos de normas y contratos, lo que generó inseguridad jurídica. Surgieron más de 60 reclamos ante el Ciadi (organismo de arbitraje del Grupo Banco Mundial), de los cuales un 85% resultaron desfavorables al Estado.
El punto de partida fue la declaración de default de la deuda externa. Durante el kirchnerismo se registraron reestatizaciones o confiscaciones de empresas privatizadas, congelamientos de tarifas, subsidios, controles de precios, cepos cambiarios y prohibiciones para girar dividendos. Como resultado, la Argentina se sumó al grupo de países con caídas de 15% en el PBI por habitante en la última década, junto con Venezuela, Líbano, Siria, Yemen y Sudán, según explicó en 2024 el economista Ricardo Carciofi.
Un documento de la Fundación Mediterránea subraya que, si bien un proceso de crecimiento sostenido requiere una inversión de alrededor del 25% del PBI, la Argentina raramente superó el 20% (en 2007) y en los últimos años promedió el 16%. La Inversión Extranjera Directa (IED) nunca superó el 3% del PIB, salvo años atípicos, y en 2025 alcanzó el 0,5%, en contraste con el 3,7% de Chile y el 3,4% de Brasil.
La Unctad, en su informe de 2024, muestra que la Argentina registraba un stock de IED de US$175.500 millones, por debajo de Chile y Colombia (alrededor de US$265.000 millones cada uno) y muy lejos de Brasil (US$914.300 millones) y México (US$720.250 millones). En 2010, la IED era de US$85.600 millones.
Tres especialistas consultados por LA NACION coinciden en que el cambio de rumbo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, con equilibrio fiscal, apertura comercial, desregulaciones y la Ley Bases, marcó un incipiente punto de inflexión en el interés inversor, incluso antes de la creación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).
El RIGI ofrece garantías de estabilidad jurídica, tributaria y cambiaria por 30 años no modificables por ley, y está focalizado en ocho sectores: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología y electromovilidad de vehículos, siderurgia, energía, petróleo y gas. Impulsa proyectos de inversión privada desde 200 millones hasta 900 millones de dólares.
El Ministerio de Economía informó que fueron aprobados 16 proyectos por casi US$30.000 millones, que generarían 54.500 empleos directos e indirectos. Otras 25 iniciativas están en evaluación, con una inversión de más de $111.000 millones y 142.168 empleos.
Hace una semana, el régimen sumó el primer proyecto de exportación estratégica de largo plazo (Peelp) con el complejo Vicuña, en San Juan, que integrará los yacimientos de cobre Josemaría y Filo del Sol. Las mineras BHP (australiana) y Lundin (canadiense) prevén una inversión inicial de US$9200 millones, generar 30.000 empleos y exportar más de US$2600 millones anuales.
Dante Sica, exministro de Producción y socio fundador de la consultora Abeceb, afirmó que la mejora en el clima de inversión externa obedece a filiales de multinacionales con negocios en Argentina que buscan activos locales baratos vinculados con la energía y la minería. También observó mayor interés de empresas de la región (mexicanas, brasileñas y peruanas) para comprar industrias o asociarse con las de alimentación o energía. En cambio, la inversión privada de países de la OCDE está ingresando vía RIGI, ya que valoran la posibilidad de un contrato directo con el Estado para elegir dónde litigar fuera de Argentina.
Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación y director de la consultora MacroView, estimó que el RIGI impulsa más proyectos en minería que en petróleo, y lo atribuyó al apoyo de los gobernadores de provincias mineras. Sobre la macroeconomía, consideró que el cepo a nivel empresarial continuará durante toda la gestión de Milei.
Marcelo Elizondo, presidente del comité argentino de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), sostuvo que el clima de inversión está mejorando, aunque la reputación del país sigue afectada por la ruptura de contratos del pasado. Señaló que cada día se instala una empresa en el país, ya sea para importar, distribuir o asociarse, y que las automotrices avanzan en líneas de productos.
En abril de 2025, el RIGI fue complementado por el RIMI, un régimen similar para medianas inversiones de pymes, con escalas desde 150.000 hasta 9 millones de dólares. Establece un plazo de dos años para concretarlas, con amortización acelerada del impuesto a las ganancias para bienes de capital y obras destinadas a la producción.
El oficialismo en Diputados aprobó el dictamen de mayoría para tratar el proyecto de ley de “Súper RIGI”, con mayores beneficios para inversiones superiores a US$1000 millones. Abarca nuevas actividades económicas como inteligencia artificial, desarrollo de semiconductores, fabricación de baterías de litio, nuevas tecnologías de almacenamiento de energía e industria aeroespacial.
El informe de la Fundación Mediterránea advierte que los montos de inversión aprobados y en evaluación para el RIGI equivalen a 1,3 veces la inversión total de la economía en 2025 (US$109.000 millones, 16% del PBI). Si bien es una cifra significativa, los proyectos se ejecutan a lo largo de varios años y no alcanzan para elevar la tasa de inversión del 16% al 25% del PBI. “El RIGI y el Súper RIGI operan en nichos específicos y generan proyectos que de otro modo no se ejecutarían, pero la brecha de inversión es sistémica y su solución también debe serlo”, concluye.