El personal militar recurre a trabajos adicionales mientras unidades se desprenden de edificios y terrenos. El Ministerio de Defensa anunció un plus por formación académica a partir de julio.
Días atrás, una unidad del Ejército convocó a una licitación para canjear una tonelada de membrillos por repuestos para una camioneta adquirida en 2010. Este procedimiento es utilizado por algunas unidades de las Fuerzas Armadas para gestionar recursos.
La situación económica del sector militar presenta indicadores como la suspensión del almuerzo en unidades y una diferencia salarial del 30% respecto a las fuerzas de seguridad. Integrantes de las Fuerzas Armadas recurren a un segundo o tercer trabajo para cubrir sus gastos.
El Ministerio de Defensa anunció que, desde el 1° de julio, se abonará un plus por formación académica: 10% por tecnicatura, 15% por título de grado y 25% por posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados. El suplemento se extiende a militares retirados y familiares con pensión.
La obra social de las Fuerzas Armadas (IOFA) ha suspendido o limitado servicios, especialmente en el interior del país. La pérdida de personal se intensifica, mientras las fuerzas de seguridad federales reclutan personal militar. Un soldado cobra aproximadamente 700 mil pesos mensuales, un cabo 800 mil, y los oficiales subalternos con título universitario perciben algo más de un millón de pesos. Se suspendió un plan de equiparación salarial entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales.
En paralelo, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) gestiona la venta de terrenos e instalaciones. Por ejemplo, un estacionamiento cercano al Hospital Militar se vendió por 30 millones de dólares, y la sastrería militar junto al Campo Hípico Militar fue vendida para construir torres de departamentos. Un terreno de la Policía Montada en Palermo, de siete hectáreas, también está en proceso de venta.
El producido de estas ventas teóricamente financiaría el reequipamiento militar, pero en el ámbito militar se sostiene que solo llega el 10% a las Fuerzas Armadas. Se habrían vendido edificios y campos por más de 300 millones de dólares, la mayor parte en el Tesoro Nacional. Además, las compras de equipos no se realizarían con estudios previos adecuados; seis aviones Super Étendard adquiridos en 2017 fueron dados de baja por obsolescencia declarada por Francia, sin haber volado por falta de certificaciones y piezas.