Un juez rechazó la demanda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la madre de una alumna que participó en una toma de escuela secundaria en 2022. El fallo señaló que no se acreditó el daño patrimonial reclamado.
Un fallo judicial rechazó la demanda promovida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la madre de una alumna que participó en una de las tomas de escuelas secundarias ocurridas en 2022. La decisión fue emitida por un juez independiente que aplicó las reglas generales del derecho de daños.
La Procuración de la Ciudad promovió la acción judicial para obtener el resarcimiento de los perjuicios que entendía sufridos por el Estado. El Ministerio Público de la Defensa asumió la representación de la demandada y sostuvo su posición. El juez resolvió que la Ciudad no logró demostrar la existencia del daño patrimonial cuyo resarcimiento reclamaba.
Uno de los principales rubros invocados por la Ciudad consistía en los salarios abonados a docentes y personal no docente durante los días de ocupación. El fallo señaló que esos salarios debían abonarse de todos modos y no representan una erogación adicional provocada por la toma. También observó que la Ciudad no acreditó haber incurrido en gastos extraordinarios para recuperar las horas de clase perdidas, como jornadas adicionales o refuerzo de actividades educativas.
El fallo no sostuvo que la ocupación de escuelas fuera legítima ni que las tomas constituyeran una forma jurídicamente aceptable de protesta. Afirmó que la Ciudad no demostró el daño patrimonial reclamado.
El mayor costo de una toma escolar, según el análisis, recae sobre la educación de los estudiantes. Cada jornada de clases perdida representa una disminución del capital educativo de toda una generación. Sin embargo, las autoridades educativas no habrían reorganizado el calendario académico ni recuperado las horas perdidas, lo que podría interpretarse como una aceptación de las tomas como parte del funcionamiento normal del sistema escolar.
La protesta estudiantil forma parte de una sociedad democrática y merece respeto. También lo merece el derecho de los demás alumnos a recibir una educación continua y de calidad. La función de las autoridades consiste en armonizar ambos intereses.