Guatemala incrementó un 280% las detecciones de falsificaciones y ejecutó 2.339 acciones interinstitucionales contra el contrabando en 2025. Sin embargo, el país se mantuvo entre los entornos de mayor riesgo de Centroamérica, con 43,1 puntos sobre 100 en el Índice de Comercio Ilícito 2025.
La Superintendencia de Administración Tributaria y el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero reportaron 2.142 decomisos entre enero y diciembre de 2025. El valor en aduana de las mercancías incautadas fue de Q119,66 millones, un 25% más que en 2024.
A esa cifra se sumaron Q557 millones recuperados mediante ajustes aduaneros por subvaloración, declaraciones falsas y uso de documentos alterados. El dato más alto del período fue el de 192 detecciones de productos que vulneraban derechos de propiedad intelectual, lo que explicó el salto del 280% frente al año anterior.
Según la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), el aumento de las incautaciones no modificó la condición del país dentro del mapa regional de riesgo. El informe “Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito” situó a Guatemala en el puesto 106 entre 158 economías, por detrás de Belice, Costa Rica, El Salvador y Panamá.
El documento describió a Guatemala como un corredor activo para el tráfico de farmacéuticos ilícitos, cigarrillos, alcohol de contrabando, fauna silvestre ilegal y productos falsificados. Señaló que el país no cuenta con sistemas plenamente operativos para identificar e incautar falsificaciones, tiene acceso limitado a información electrónica avanzada de carga y arrastra falta de personal en puertos y pasos fronterizos estratégicos.
Jeffrey Hardy, director general de TRACIT, sostuvo: “El bajo desempeño de Guatemala en el Índice de Comercio Ilícito refleja un entorno de alto riesgo en el que el control deficiente, las brechas regulatorias y los niveles de corrupción persistentemente altos permiten que el comercio ilícito prospere en múltiples sectores”.
El informe añadió que redes criminales organizadas aprovechan controles aduaneros débiles y fronteras porosas. También mencionó preocupaciones sobre infiltración criminal en organismos de control. En el plano regulatorio, indicó que los marcos normativos guatemaltecos están solo parcialmente alineados con estándares internacionales. Aunque el gobierno impulsó esfuerzos para modernizar la legislación contra el lavado de activos, los sistemas de monitoreo financiero fueron considerados insuficientes.
Hardy agregó: “Hacer frente a estos desafíos exigirá una mayor integridad institucional, mejores sistemas aduaneros y marcos regulatorios más eficaces que se alineen con los estándares internacionales”.
Entre las recomendaciones para Guatemala, el informe incluyó el fortalecimiento de salvaguardas anticorrupción, la modernización de tecnologías de detección y evaluación de riesgos en aduanas, la creación de un registro aduanero para derechos de propiedad intelectual, el refuerzo de los controles contra el lavado de activos y la mejora del monitoreo de las redes de distribución farmacéutica.
El análisis abarcó los siete países de Centroamérica y concluyó que la región también funciona como corredor de tránsito para estupefacientes y armas. TRACIT se define como una iniciativa independiente del sector privado que agrupa a 1.500 marcas y filiales con operaciones en 190 países, una plantilla de 800.000 empleados y una red de socios que representa a más de 800 empresas.