El juez Marcelo Martínez De Giorgi concedió las apelaciones presentadas por los damnificados que fueron excluidos como parte querellante en la causa por la criptomoneda $LIBRA. El expediente fue elevado este martes a la Sala I de la Cámara Federal, que deberá resolver tras la feria judicial.
La causa en la que se investiga una presunta estafa vinculada al lanzamiento y difusión de la criptomoneda $LIBRA pasó a la Cámara Federal. El juez Marcelo Martínez De Giorgi concedió las apelaciones de los damnificados que cuestionaron la decisión judicial de apartarlos del proceso como querellantes. La resolución fue elevada este martes al tribunal de alzada, según confirmaron fuentes judiciales.
Martín Romeo, representado por el abogado Nicolás Ozsust, y las víctimas patrocinadas por el abogado y dirigente social Juan Grabois apelaron semanas atrás la resolución del 3 de julio que los excluyó del rol de parte querellante. Todos sostienen que el juez prejuzga sobre el caso y desconoce pruebas clave.
La apelación de Romeo cuestiona que se haya considerado el caso como una inversión de alto riesgo propia de una “memecoin”. “Esto no fue ‘solo una memecoin con riesgo’ ni su desplome dependió de las condiciones del mercado”, afirma el escrito. Y agrega: “El colapso de $LIBRA no fue una volatilidad del mercado; fue un Rug Pull pre-programado”. Según la presentación, la maniobra incluyó compras automatizadas realizadas segundos antes de la publicación del tuit presidencial que impulsó el valor del activo digital y la posterior extracción de 44,5 millones de dólares mediante información privilegiada.
La presentación patrocinada por Grabois y Camila Palacin Roitbarg sostiene que la decisión judicial “desconoce la entidad de la maniobra defraudatoria efectivamente acreditada en la causa”. En el escrito, los querellantes afirman que el juez Martínez De Giorgi se pronuncia sobre el fondo de la imputación al sostener que “los hechos investigados no resultan subsumibles en el delito de estafa” y al calificar lo sucedido como una simple inversión especulativa fallida, propia de la volatilidad ordinaria de una “memecoin”. Para los querellantes, excluirlos en esta instancia equivaldría a consolidar el vacío de control e impulso del expediente, que solo sería investigado por el fiscal Eduardo Taiano, cuya labor es cuestionada por los damnificados.
La Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, deberá resolver si revoca la decisión y permite que las víctimas continúen participando activamente como querellantes. La definición no llegaría en estos días, ya que a partir de la semana próxima comienza la feria judicial, un receso de dos semanas.
Durante la investigación, la causa pasó por distintas salas de la Cámara Federal. En una primera etapa intervino la Sala II, que confirmó la participación de los damnificados como querellantes. Posteriormente, el expediente quedó radicado en la Sala I, que ahora deberá resolver.
La decisión llegará en un contexto de cambios en la composición de esa sala. Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados a la Cámara Federal durante el gobierno de Mauricio Macri, pero sus situaciones quedaron sujetas a revisión. En el caso de Bertuzzi, el Gobierno de Javier Milei envió esta semana su pliego al Senado para que sea designado como juez titular del tribunal. Bruglia, en tanto, presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para permanecer en el cargo. De concretarse su salida, sería reemplazado en la Sala I por Pablo Yadarola, cuyo pliego también fue enviado al Senado por el Poder Ejecutivo.