El proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) entra en su etapa final. El 12 de agosto vence el plazo para consultar los pliegos y el 27 de agosto se presentarán las ofertas. La empresa, que abastece a 14 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 distritos del conurbano, no tiene precio mínimo de venta.
El Gobierno nacional avanza en la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), la empresa de servicios sanitarios más grande de América Latina. Según informaron fuentes oficiales, el proceso establece que el 12 de agosto finaliza el período de consulta de los pliegos y el 27 de agosto se presentarán las ofertas. La venta no tiene precio base ni mínimo público, y el valor final dependerá de la competencia entre oferentes.
Entre los interesados se encuentran grupos locales con experiencia en el sector y empresas internacionales. Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio en Edenor, es uno de los postulantes. Su empresa ha sido proveedora de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AYSA desde 2009. En 2023 ganó una licitación de US$127 millones por ese insumo, proceso que fue denunciado penalmente por la Coalición Cívica sin avance judicial. Filiberti presenta su propuesta junto a Rowing, empresa de ingeniería y construcciones de Walter Román.
Otro interesado es el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas y concesionario del ramal Urquiza de trenes y el subte porteño. Su líder, Aldo Roggio, está procesado en la causa Cuadernos como arrepentido, donde reconoció haber pagado coimas equivalentes al 5% del subsidio recibido por la operación de trenes.
La constructora JCR, del fallecido Juan Carlos Relats, también participó en las consultas. La empresa tiene ejecutivos procesados en la misma causa, luego de que el contador Víctor Manzanares declarara que la firma ganaba obras en Vialidad Nacional mientras administraba el hotel de la familia Kirchner. Según Manzanares, el grupo alquiló ese complejo durante 11 años a US$10.000 mensuales.
Se mencionó además al grupo de los hermanos Neuss, cercano a Santiago Caputo, aunque no se los ha visto en las consultas. La brasileña Sabesp, que opera la red de San Pablo, estuvo presente en el data room, pero su grado de interés no está confirmado. La francesa Veolia podría participar a través de su filial local, que presta servicios en barrios privados. La estatal israelí Mekorot asistió a reuniones preparatorias, aunque se especula que su rol sería de garantía de prestigio internacional.
El contrato de concesión, firmado en mayo, establece una inversión de US$1.940 millones para el primer quinquenio y US$2.030 millones para el segundo, hasta un total de US$15.040 millones en 30 años. Las metas para la primera década son modestas: la cobertura de agua potable pasaría de 75,3% a 78,9%; la de cloacas, de 63,9% a 65,3%. La presión de agua en la zona sur del conurbano mejoraría del 58% al 61%. Se prevé la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 de cloacas por ciclo. El pliego describe este período como de “estabilización operativa”, no de expansión.
Las obras de mayor porte, como el Río Subterráneo Tramo 2, la nueva toma de agua de Bernal y cuatro plantas de tratamiento cloacal (Campo de Mayo, Laferrere, Pilar y Escobar), están previstas para después del segundo quinquenio, con costos de entre US$150 y US$560 millones cada una. El contrato no prevé la universalización del servicio en 30 años: la cobertura máxima estimada es del 90% en agua y 75% en cloacas. La obra de Berazategui solo tiene comprometidos “estudios” para el segundo quinquenio. El problema de los nitratos, de relevancia para la salud pública, se resolvería recién hacia 2041.
En el Ministerio de Economía estiman recaudar unos US$450 millones por la venta del 90% de las acciones. El 10% restante se destinará al programa de propiedad participada (PPP), tema central en la negociación gremial. El sindicato logró que el Convenio Colectivo vigente hasta 2028 se mantenga como régimen laboral aplicable.
El proceso concluirá a fines de agosto, cuando el agua y las cloacas de 14 millones de personas pasen a manos privadas por primera vez en dos décadas.